El desempleo se ha extendido a amplias capas sociales. Se ha extendido y socializado el sentimiento de vulnerabilidad, el empeoramiento de la cohesión social. El contexto ofrece pocas alternativas concretas. El modelo de familia nuclear, pese a estar en pleno proceso de modificación, y las redes de solidaridad comunitaria tradicionales, a pesar de sus límites, parecen retomar de nuevo el protagonismo en la función de protección social. Este aumento de la precariedad en las condiciones de vida se ha traducido en un desbordamiento brutal del sistema de protección que prestan las entidades públicas y el Tercer Sector.
En lo que respecta a los servicios sociales, la crisis se ha manifestado como un aumento de la demanda, en particular aquella con carácter asistencial.
En la ciudad de Madrid, los perceptores Renta Mínima de Inserción (RMI) eran 7.282, en 2009, y 8.018 en 2010. La ayuda individual ascendía en 2009 (últimos datos disponibles) a 370€ y a 540,4€ en caso de una pareja con dos hijos. En comparación con el resto de CC.AA., Madrid se sitúa en cifras muy bajas sin tener en cuenta que si ya es difícil sobrevivir con esas cantidades, más aún lo es en la capital y en una de las ciudades más caras de España.
El perfil clásico de usuario de los servicios sociales ha cambiado o, más que cambiar, lo ha ampliado a nuevos sectores de la población. A los sectores de población clásicos en la atención de los servicios sociales (mayores, menores, mujeres, minorías étnicas y migrantes) hay que sumar a jóvenes con estudios y amplia experiencia laboral. Crece el número de familias jóvenes de cónyuges de entre 20 y 40 años de edad, con uno o dos hijos/as pequeños/as, así como jóvenes desempleados/as en busca del primer empleo.
Las respuestas del sistema
Los recortes en servicios sociales se concretan en forma de pérdida de cantidad y calidad de servicios que se venían dando. La reducción de los recursos disponibles hace que los/as profesionales tengan menos opciones y herramientas de intervención en la mejora de las circunstancias concretas de las personas a las que atienden.
Un ejemplo concreto sería el recorte del presupuesto para la implantación progresiva de
la Ley de Dependencia. El presupuesto de 2011 para la implantación de la Ley de Dependencia es de 83 millones menos (una rebaja del 5%) de lo previsto. El Plan Concertado, que determina el dinero que las autonomías dan a los ayuntamientos para las ayudas sociales, se ha rebajado en 11,5 millones (un 12% menos).
[1].
En
Madrid, con un 0,63 de beneficiarios con prestación en relación a su población (a 1 de octubre de 2010) el grado de implantación de la
Ley de Dependencia está muy por debajo de la media estatal de 1,34. A fecha actual, de un total de 135.298 dictámenes, 76.744 personas (el 1,19% de la población de la Comunidad de Madrid, por debajo del 1,57% de atención que marca la media nacional) son beneficiarias y perciben algún tipo de prestación en materia de dependencia
[2]. Se trata de
una merma en servicios como el de prevención de la dependencia y promoción atención personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día/noche, atención residencial y las prestaciones económicas vinculas al servicio, los cuidados familiares y la asistencia personal.
Es cierto que algunos presupuestos han subido, pero lo han hecho a un ritmo menor del crecimiento de la demanda.
En el
año 2010, en la ciudad de
Madrid, se tramitaron prestaciones económicas periódicas, de carácter puntual y de emergencia social, por un total de 5.152.463,29€
[3]. La misma cantidad que en 2009 a pesar del aumento de demanda.
En el período 2007/2010 se ha incrementado en un 11% el número de ciudadanos que han accedido a los Servicios Sociales a través de la Primera Atención madrileña. De las 116.187 personas atendidas en la Unidad de Primera Atención en el 2010, 62.158 son personas nuevas que acuden por primera vez a los Servicios Sociales, lo que representa un 53,5% del total.
El volumen de usuarios incluidos en las unidades familiares o Historias Sociales de la UTS (Unidad de Trabajo Social) de Zona de la ciudad, con las que se ha realizado intervención social o se ha llevado a cabo algún tipo de actividad a lo largo del periodo 2007-2010 también es ascendente, pasando de 276.558 usuarios de Zona en el 2007 a 339.255 en el 2010, lo que representa un crecimiento en este cuatrienio de un 23%.
Hay que reconocer que la reestructuración del sistema madrileño de servicios sociales desarrollado en los últimos años ha facilitado el acceso al servicio con el aumento de centros y número de profesionales.
Paradójicamente, también ha aumentado el número de derivaciones del sistema público de primera atención a los servicios que presta el tercer sector. La intervención desde la institución pública, quizá con ánimo de ahorrar gasto, está ahora priorizando una vieja demanda de sus profesionales, enarbolada sobre otros argumentos: priorizar el uso intervenciones técnicas de profesionales sobre el de prestaciones monetarias.
Según
Cáritas[4],
el 67% de las personas que atienden vienen derivadas desde los servicios sociales públicos. Así, su número de respuestas ofrecidas en todo el país se ha disparado en los cuatro últimos años, al pasar de 400.000 personas atendidas en 2007 a 950.000 en 2010.
El recorte o anulación de la financiación de los proyectos que desarrolla el tercer sector es uno de los elemento clave ya que el de los servicios sociales es un sector fuertemente privatizado.
El
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid[5] tramitó en 2010 166 Convenios de Colaboración: 23 se han suscrito con otras Administraciones Públicas, 9 con entidades públicas y
134 con entidades privadas con un gasto correspondiente a la cantidad de
48.677.722 euros.Una cantidad importante.
El recorte de salarios no sólo ha afectado a los del funcionariado. Amparándose en los manidos discursos del ajuste del cinturón y la política de austeridad, también ha repercutido en el resto de trabajadores/as de contratas y subcontratas externalizadas. Además, considerando la deuda reconocida del Ayuntamiento de Madrid que ascendía a 7.008 millones de euros en el primer trimestre de 2010, la anulación de partidas, la congelación de presupuestos e incluso los impagos por parte de las administraciones públicas están a la orden del día.
Por poner un ejemplo,
desde el inicio de la crisis, la actividad de Cruz Roja[6] se ha incrementado en un más de un 28%. Para hacer frente al aumento de actividad ha sido preciso incrementar la aportación de fondos propios en un 25% desde 2008.
Otro ejemplo claro atañe a fórmulas empresariales de economía social. Si el escenario está difícil para las grandes entidades, con mayor capacidad de maniobra y aguante en momentos difíciles, para las pequeñas cooperativas de iniciativa social, en particular aquellas que se centran en la intervención social como actividad profesional, el camino se pone muy cuesta arriba. A los ere’s y cierres de alguna de ellas debido al poco movimiento de proyectos y a las demoras en los pagos (recortes indirectos) hay que añadir otros obstáculos para las que resisten en forma de recorte directo, como las ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid pasaron de 2.200.000€ en 2009 a 955.000€ en 2010. Un recorte del 57% del presupuesto.
La Comunidad de Madrid parece sentirse cómoda con la práctica del recorte y del impago. El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid
(CERMI), que
aglutina a asociaciones de alzhéimer, de esclerosis múltiple, párkinson, fibromialgia,, etc.,
ha denunciado el impago de las subvenciones concedidas el año pasado para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos.
Hay unas 80 asociaciones sin ánimo de lucro afectadas. Tampoco se sabe nada de las subvenciones de este año. Algo similar ocurre con las
ayudas destinadas a
asociaciones que trabajan con drogodependientes. Se trata del
cierre de 11 de los 18 pisos en los que residen por temporadas drogodependientes en tratamiento o en proceso de reinserción.
Hay 65 asociaciones afectadas[7].
¿Gasto o inversión?
Es preciso un
sistema público flexible y ágil, garante de los derechos de la ciudadanía. Para ello es necesaria una financiación pública con dotación presupuestaria suficiente y sostenible. Hay que entender que el gasto social es inversión social en tanto: cumple con el principio de reequilibrio e igualdad de oportunidades, reduce desigualdades, potencia la cohesión, favorece una actividad económica, crea puestos de trabajo y contribuye a la creación de riqueza del país.
Congelar, reducir o rescindir la inversión social conlleva altos costes personales y económicos en términos de: exclusión y pérdida de cohesión, de recursos humanos y de bienestar social
[8].
La crisis no es pasajera porque es una crisis del sistema y por tanto el EB caerá con él. Lo importante quizá sea pensar en una alternativa o alternativas posibles. Se trata de repensar y reestructurar los actuales modos de vida y organización social.
Este pensar a largo plazo pasaría por la creación y el desarrollo de planes integrales de actuación en materia de empleo, educación, servicios sociales y vivienda así como la optimización de los recursos existentes incorporando modelos de gestión de la calidad. Probablemente haya que aumentar la coordinación y cooperación público-privada, conviviendo con fórmulas blandas de externalización. Más que posiblemente un camino justo, ético y solidario precise una redistribución presupuestaria radical. Para ello habrá que partir de la premisa de que el problema no es de gasto sino de ingreso. Ingresar (subida de impuestos y mayor presión fiscal) no tiene porqué traducirse en la merma de la inversión/productividad/consumo. Este deber podría verse socialmente compensado con la creación y avance en el reconocimiento al derecho a una prestación básica universal.
José Haro
