Esperanza Aguirre arranca el curso despidiendo a más de tres mil docentes de la escuela pública madrileña. Es el 12% de los profesores de secundaria, uno de cada ocho. La Comunidad de Madrid calcula que ahorrará 80 millones de euros al año, un dinero que, dice Aguirre, “evitará recortes en otras partidas esenciales para la enseñanza”. Curiosa disculpa. ¿Acaso hay algo más esencial en la enseñanza que los profesores? Lo hay: las subvenciones a la escuela privada.
Algo de hemeroteca, que la memoria es el mejor antídoto contra la mentira. Hace menos de un año, la Comunidad de Madrid aumentó las deducciones fiscales para los colegios de pago. Hasta entonces, estas ayudas sólo iban a familias pobres que matriculasen a sus hijos en centros privados (si es que tal especie existe). Pero Aguirre modificó la ley para beneficiar a las familias con rentas más altas y ahora, por ejemplo, un matrimonio con dos niños que declare ganar menos de 120.000 euros al año se puede desgravar hasta 1.800 euros por el colegio privado. En total, este regalito cuesta 90 millones de euros anuales: diez millones más de lo que Aguirre dice que ahorrará con los despidos en la escuela pública.
Como el PP se ve tan ganador el 20N que ya ni se molesta en ocultar sus planes, el modelo madrileño está siendo transplantado al resto de sus autonomías, con De Cospedal –esa política austera que sigue cobrando un segundo sueldo como secretaria general del PP– como alumna aventajada. No hay dinero, dicen. Depende de para qué. La misma Aguirre que despide maestros quiere una policía autonómica en Madrid para combatir las protestas del 15M. Es el modelo “liberal” en su peor esencia: todo se privatiza, salvo los porrazos.
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