El Canal de Isabel II se endeuda mientras la Comunidad de Madrid se queda con sus beneficios

Las aguas del Canal de Isabel II no sólo surten a los grifos de los hogares madrileños, también lavan las cuentas de 111 Ayuntamientos y de la propia Comunidad de Madrid, todos ellos accionistas de Canal Isabel II Gestión, la sociedad pública y anónima que se creó el 1 de julio de 2012, tras el fallido intento de privatización. Desde entonces, el reparto de dividendos, es decir, de liquidez, ha sido una constante. Aunque encontrar cifras es tarea complicada, los cálculos apuntan a que el Gobierno regional se ha embolsado en estos años más de 260 millones de euros.

Se busca financiación pese a los beneficios

"Esto quiere decir que independientemente de que los accionistas sean en la actualidad públicos se ha detraído un porcentaje muy alto de los beneficios de Canal Gestión para fines ajenos al ciclo integral del agua y a la propia sostenibilidad de la sociedad. ¿Cómo es posible que se estén dando dividendos multimillonarios, cuando por otro lado se busca financiación para la propia sociedad anónima?"

El análisis económico realizado por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II indica que, entre julio de 2012 y diciembre de 2013, el Canal ha logrado 368,9 millones de euros en beneficios, de los que 280 millones se han repartido como dividendos. Atendiendo a las notas de prensa de la compañía, la suma de los réditos en el mismo periodo es de 317,8 millones (118,3 del ejercicio 2012 y 159,6 de 2013). Por su parte, la empresa no aclara esta diferencia ni tampoco especifica la cantidad que ha cobrado cada Consistorio.

Mas Info.:  

http://www.eldiario.es/sociedad/Canal-Isabel-II-Comunidad-Madrid_0_328268024.html

El saqueo de estas empresas públicas. El triángulo de oro del PP madrileño: Canal de Isabel II, Caja Madrid y Telemadrid

Desde hace casi veinte años (de 1995 a la actualidad) el Partido popular madrileño ha controlado el Canal de Isabel II, Caja Madrid (hoy Bankia) y Telemadrid. Empresas en las que el capital público se ha puesto al servicio de los intereses privados dando la espalda a los ciudadanos.

El ex presidente Alberto Ruíz Gallardón situó a Miguel Blesa en Caja Madrid y también en el consejo de administración de Telemadrid (con la intención de pilotar la privatización de la cadena). Después Esperanza Aguirre, que ya había formado parte ella misma de los órganos de dirección de Caja Madrid, uso la entidad financiera como escenario de su pelea interna en el PP con Gallardón. Hasta el punto de intentar, sin éxito, sustituir a Blesa por su vicepresidente Ignacio González.

Al final descapitalizada y sumida en turbios escándalos de tarjetas “black” y preferentes la antigua Caja Madrid y controlando férreamente Telemadrid como aparato propagandístico e ideológico del PP, el Canal de Isabel II (feudo de Ignacio González) se ha acabado convirtiendo en otra maquinaria financiera a su servicio.

Liliana Pineda, abogada y activista de ATTAC, nos relata los amaños del PP a través de Caja Madrid para privatizar el Canal. Correos de Blesa en donde aparecen empresas como FCC, consultoras como KPMG y de nuevo el empresario favorito de Ignacio González: Enrique Cerezo, uno de los mayores beneficiarios económicos del saqueo de Telemadrid.

Leer más:  http://www.salvemostelemadrid.es/canal-cajamadrid-telemadrid/

Ana Botella pide a los madrileños 1.260 millones en concepto de IBI

Una estafa evidente: El Ayuntamiento de Madrid sube el IBI un 6% mientras el precio de la vivienda cae de media un 5,6%

El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Ana Botella, reclamará a sus vecinos durante los próximos días un total de 1.260 millones de euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que grava entre otras cosas a la vivienda. Pese al hundimiento de los precios de mercado por la crisis del ladrillo, los madrileños van a pagar 80 millones más que en 2013, con una subida media del recibo superior al 6%.

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Los consumidores denuncian que el IBI subió en Madrid 

un 54% en cinco años

La Justicia frena el intento de Botella (#PP) de desahuciar a familias de pisos sociales

A.M.P 77872014

Los jueces establecen la vigencia de los contratos de alquiler. La EMVS trata de desalojar hasta 185 familias de sus pisos sociales para venderlos.

El plan de Ana Botella para solucionar los problemas económicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendiendo pisos sociales de forma masiva ha tropezado con los tribunales.

De momento seis sentencias judiciales dan la razón a los inquilinos que, a través de la asociación de vecinos ‘Yo no me voy’, se han enfrentado en los juzgados a la EMVS que les había ordenado desalojar sus viviendas después de no prorrogar sus contratos. 

Y es que la empresa municipal quiere cambiar los contratos vigentes -que están blindados con una prórroga forzosa si se mantiene la situación económica de los arrendatarios- para cambiarlos por otros con condiciones menos ventajosas para los afectados y con una duración máxima de tres años, que permitiría una venta posterior de los inmuebles a inversores privados, según denuncia en declaraciones a ElBoletin.com, Alberto Romeral, presidente y portavoz de Yo no me voy.

Romeral explica que la asociación aglutina, de momento, a 185 familias de 14 inmuebles de la capital que han recibido cartas de la EMVS y a las que la empresa municipal está llevando a juicio por negarse a cambiar su contrato vigente, que es indefinido, “por uno con condiciones leoninas y con fecha de caducidad que nos deja a los pies de los caballos, ya que lo que quieren es a los tres años vender los inmuebles a una promotora”. 

El último varapalo judicial que ha recibido el Gobierno de Ana Botella ha sido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que da la razón a una inquilina octogenaria, que vive sola y esta delicada de salud, a la que se había ordenado desalojar su vivienda en Puerta Cerrada por negarse a cambiar el contrato, tal y como informa el presidente de esta asociación.

Yo no me voy se creó en 2013 primero como plataforma y luego como asociación vecinal, para defenderse de las intenciones de alcaldesa de Madrid de vender cinco inmuebles a Renta Corporación, inmobiliaria vinculada con el marido de María Dolores de Cospedal, una operación que la alcaldesa se vio obligada a abortar por la polémica suscitada. 

Esta asociación -que presentó el año pasado una querella criminal por “acoso inmobiliario” contra el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella y la EMVS por el “mobbing” que dicen están sufriendo los inquilinos para que abandonen sus viviendas sociales o las compren- considera que a pesar de que dicha querella no fue aceptada, los tribunales les están dando la razón y esgrimen las seis sentencias que lo demuestran.

La directora del IVIMA declara como imputada por prevaricación en la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre

Ana Gomendio, directora del IVIMA, acudió el  pasado 3 de septiembre   a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como única imputada por prevaricación y malversación en la venta de 3.000 viviendas públicas propiedad del IVIMA al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora. La venta se realizó el verano pasado y se adjudicó a dicho fondo a través de la empresa En Casa Cibeles por 201 millones de euros, un precio muy inferior a su valor.

Los abogados de la acusación han afirmado que Gomendio ha declarado haberse encontrado “todo hecho en esta operación” y por tanto, ha remitido a su anterior compañero en el cargo Juan Van-Halen Rodríguez. Así pues, la acusación va a solicitar la comparecencia de Van-Halen.

“El proceso de adjudicación es nulo, porque según el informe jurídico y de tasación debían venderse todas las promociones completas, y no se ha hecho así, ya que había locales comerciales y estos no se han vendido”, ha explicado el abogado Ángel María de Sancha Bech de Soluciones e Información para Viviendas Protegidas S.L, uno de los 5 que representan a las acusaciones particulares.

Raúl Maillo, uno de los abogados de AVVI, ha afirmado que “la directora del IVIMA no ha resuelto las cuestiones fundamentales, ya que solo ha dado respuestas formales, y no ha resuelto el tema de la venta a bajo precio y por qué se venden viviendas que son fundamentales para la población más vulnerable”. 

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