Los chanchullos urbanísticos de la Botella: El Ayuntamiento de Madrid se comprometió por contrato a desalojar a 131 familias en cinco edificios de la Empresa Municipal de la Vivienda para poder venderlos vacíos a un grupo inmobiliario. El consistorio que dirige Ana Botella se comprometía a indemnizar a la inmobiliaria si no conseguía echar a los que define como "okupas".
El Ayuntamiento de Madrid se comprometió en un contrato a
echar de sus casas a las 131 familias que disfrutaban de una
vivienda protegida para vender cinco edificios a un grupo
inmobiliario por 21 millones de euros. Así consta en el
documento al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que la
institución que dirige Ana Botella se compromete por
escrito a “hacer sus mejores esfuerzos para liberar la finca
de arrendatarios, iniciando tal acción desde el momento de la
firma del presente contrato”.
echar de sus casas a las 131 familias que disfrutaban de una
vivienda protegida para vender cinco edificios a un grupo
inmobiliario por 21 millones de euros. Así consta en el
documento al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que la
institución que dirige Ana Botella se compromete por
escrito a “hacer sus mejores esfuerzos para liberar la finca
de arrendatarios, iniciando tal acción desde el momento de la
firma del presente contrato”.
El contrato compromete al Ayuntamiento a echar a los vecinos de
sus casas porque establece una cláusula de penalización de entre
31.848 euros como mínimo y 117.256 euros como máximo por
cada vivienda que todavía esté habitada en el momento en que se
produzca la venta, según consta en ese documento.
El texto considera “okupas” a los inquilinos que puedan permanecer
en sus hogares y establece una cláusula con la siguiente redacción:
“Para las unidades que haya Okupas en el momento de la
formalización de la compraventa, las partes establecen una
penalización en el precio del 25% del mismo”.
sus casas porque establece una cláusula de penalización de entre
31.848 euros como mínimo y 117.256 euros como máximo por
cada vivienda que todavía esté habitada en el momento en que se
produzca la venta, según consta en ese documento.
El texto considera “okupas” a los inquilinos que puedan permanecer
en sus hogares y establece una cláusula con la siguiente redacción:
“Para las unidades que haya Okupas en el momento de la
formalización de la compraventa, las partes establecen una
penalización en el precio del 25% del mismo”.
El contrato de opción de compra viene firmado por el consejero
delegado y apoderado de la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo de Madrid (EMVS), Fermín Oslé, y los representantes del
grupo inmobiliario Renta Corporación, especializado en la
adquisición, rehabilitación y venta de inmuebles ubicados en lo
que la misma empresa define como "localizaciones prime de grandes
ciudades". Por mantener esa opción de compra, la inmobiliaria
entregó al consistorio 300.000 euros y 63.000 más en
impuestos y se comprometía a pagar hasta 21 millones de
euros si el Ayuntamiento conseguía desalojar las viviendas.
delegado y apoderado de la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo de Madrid (EMVS), Fermín Oslé, y los representantes del
grupo inmobiliario Renta Corporación, especializado en la
adquisición, rehabilitación y venta de inmuebles ubicados en lo
que la misma empresa define como "localizaciones prime de grandes
ciudades". Por mantener esa opción de compra, la inmobiliaria
entregó al consistorio 300.000 euros y 63.000 más en
impuestos y se comprometía a pagar hasta 21 millones de
euros si el Ayuntamiento conseguía desalojar las viviendas.
La Empresa Municipal no ha respondido a las cuestiones
planteadas porVozpópuli pero una portavoz de Renta Corporación
sí ha aclarado que la compañía recuperó ese dinero al dar por
fallida una operación que se firmó en octubre del año pasado.
"Al no cumplirse lo pactado en la due dilligence -explica el grupo
inmobiliario- se renunció al contrato ante el conflicto social al
que dio lugar y que podía generar".
planteadas porVozpópuli pero una portavoz de Renta Corporación
sí ha aclarado que la compañía recuperó ese dinero al dar por
fallida una operación que se firmó en octubre del año pasado.
"Al no cumplirse lo pactado en la due dilligence -explica el grupo
inmobiliario- se renunció al contrato ante el conflicto social al
que dio lugar y que podía generar".
Un proceso de venta no descartado
Renta Corporación ha renunciado ya a esa operación, aseguran
fuentes de la compañía que añaden que "ya no hay ninguna
conversación con el ayuntamiento". Sin embargo, el consistorio
sigue a día de hoy intentando desalojar a esos vecinos, según
denuncian algunos de ellos. Los inquilinos se han agrupado en un
movimiento llamado "¡Yo no me voy!" que agrupa a las 131 familias
que viven en esos cinco edificios y a otros 70 de otros bloques que
denuncian situaciones similares. Según esos vecinos, a día de hoy
algunos de ellos han dejado de recibir los recibos municipales como
parte de lo que denuncian es una "maniobra municipal" que
pretende declararles morosos para poder desalojarlos, denuncia el
presidente de esa organización, Alberto Romeral.
fuentes de la compañía que añaden que "ya no hay ninguna
conversación con el ayuntamiento". Sin embargo, el consistorio
sigue a día de hoy intentando desalojar a esos vecinos, según
denuncian algunos de ellos. Los inquilinos se han agrupado en un
movimiento llamado "¡Yo no me voy!" que agrupa a las 131 familias
que viven en esos cinco edificios y a otros 70 de otros bloques que
denuncian situaciones similares. Según esos vecinos, a día de hoy
algunos de ellos han dejado de recibir los recibos municipales como
parte de lo que denuncian es una "maniobra municipal" que
pretende declararles morosos para poder desalojarlos, denuncia el
presidente de esa organización, Alberto Romeral.
Los inquilinos aseguran que esas presiones para el desalojo continúan
a día de hoy hasta el punto de que han recibido nuevas cartas
instándoles a abandonar los pisos fechadas el pasado 10 de abril.
Por ese motivo, han presentado una querella contra el Ayuntamiento de
la capital por mobbing inmobiliario, que está pendiente de calificación por
parte del ministerio fiscal.
a día de hoy hasta el punto de que han recibido nuevas cartas
instándoles a abandonar los pisos fechadas el pasado 10 de abril.
Por ese motivo, han presentado una querella contra el Ayuntamiento de
la capital por mobbing inmobiliario, que está pendiente de calificación por
parte del ministerio fiscal.
