La detección precoz del cáncer de mama es uno de los programas sanitarios más conocidos. Mujeres de 50 a 69 años acuden cada 24 meses a hacerse mamografías. Muchas de ellas lo hacen en unidades móviles de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc), que cada año cita a 200.000 y atiende a unas 100.000. Este servicio, que el Gobierno regional (PP) saca a concurso periódicamente, ha provocado ahora una tormenta en la adjudicataria, la Aecc.
El Consejo de la Junta de esta ONG en Madrid ha dimitido en bloque por “la absoluta falta de transparencia en la firma del contrato con la entidad privada Capio”. Esta empresa, que controla prácticamente todos los hospitales públicos de gestión privada de la región (Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Collado Villalba), ha hecho una oferta para que la Aecc le ceda el contrato público, que incluye una “donación / subvención por importe de 1.000.000” de euros, según un documento del 6 de noviembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El 2 de julio, la Aecc y la Consejería de Sanidad firmaron un contrato de “gestión de servicio público” para realizar “mamografías de cribado en instalaciones móviles”. El precio, exento de IVA, es de 11,4 millones por cuatro años para realizar las exploraciones derivadas desde la Oficina Regional de Coordinación Oncológica. La Aecc ganó un concurso público que, entre sus cláusulas, incluía “la sustitución gradual de los equipos analógicos” por otros digitales antes del 31 de diciembre.
La Aecc no podía permitirse comprar nuevos mamógrafos, así que encargó a la consultora GBS Finanzas que buscara “un socio tecnológico”, dicen desde la ONG. Hubo más de una oferta, pero la que se presentó al Consejo ejecutivo el 20 de noviembre fue la de Capio, que ofrecía “realizar la inversión de los siete mamógrafos digitales a instalar en las unidades móviles previa cesión de estas últimas por parte de la Aecc”, según la carta del 6 de noviembre. “Hasta el momento que se produzca la cesión del contrato, Capio llevará las actividades accesorias que no requieren aprobación por parte del Sermas [Servicio Madrileño de Salud]”, añade, en alusión a las tareas de citación y gestión administrativa.
El tercer punto del acuerdo es el más llamativo: “Durante 2013, Capio entregará una donación / subvención a la Aecc por importe de 1.000.000 euros”. En el cuarto, especifica que “hasta que se produzca la cesión del contrato se buscará un sistema de remuneración a favor de Capio equivalente al que habría tenido si se hubiera cedido el contrato”. El quinto habla del personal: “Finalizado el contrato, Capio tendrá que haber asumido el personal adscrito al programa”. Y el sexto y último deja claro el objetivo de la empresa: “La Aecc asume el compromiso de no presentarse al siguiente concurso público”.
La propuesta inicial de Capio es del 17 de septiembre. A principios de noviembre, la empresa se reúne con la Aecc en las oficinas de la asociación; la oferta se pone por escrito el 6 de noviembre. “Espero que la presente carta se adapte a las expectativas que se despertó en la mencionada reunión”, se despiden los firmantes.
La Junta de la Aecc encargó un informe jurídico que concluye que la propuesta “plantea serias dudas de legalidad”. “No hay causa jurídica para el pago de una donación / subvención de un millón de euros por permitir que la entidad realice unos servicios que, de acuerdo con la ley y con el contrato, no puede ceder”, señala. Y recalca el “altísimo riesgo de daño reputacional para la Aecc” de conocerse el acuerdo, que tilda de “cesión encubierta”. La presidenta de Aecc Madrid, Silvia Meléndez, llevó ese informe a la reunión del 20 de noviembre, pero la dirección nacional no le permitió leerlo, según recoge el borrador del acta.
El 5 de diciembre, la Aecc destituye a Meléndez y se lo notifica por correo electrónico. Ese día, los 11 miembros del Consejo madrileño dimiten en bloque.
El director general de la Aecc, Ricardo Carramiñana, afirma que ya se ha firmado el contrato con Capio, pero señala que difiere sustancialmente de la oferta inicial. Capio comprará los mamógrafos digitales y los arrendará a la Aecc, a la vez que se encarga de la citación de pacientes, que es “una prestación accesoria”, explicó. “Las mamografías las seguimos haciendo nosotros”, dijo el viernes. “Lo único que hemos buscado ha sido tener la mejor tecnología para las mujeres. El proceso ha sido transparente”, añadió. Dijo desconocer qué cantidad se pagará a Capio.
Fuentes de Capio afirmaron que los mamógrafos cuestan dos millones de euros, pero no precisaron cuánto van a percibir por el servicio de citación. Sobre la “donación” de un millón de euros, señalaron: “La haremos o no en el futuro, ya veremos. La Aecc tiene un fin social muy loable y nosotros también investigamos sobre cáncer. Finalmente, eso se ha desvinculado” del acuerdo. “Hemos abordado lo que hemos podido abordar”, añadieron sobre la cesión del contrato. Carramiñana afirma que la Aecc presentó la propuesta de Capio en el Consejo ejecutivo como una “base inicial” para ser estudiada y “no como un documento definitivo”.
