Según nos informa una fuente que trabaja en la Consejería de Educación, la tensión es alta y cunde el nerviosismo. La firmeza beligerante, con la que se muestran Esperanza Aguirre y Lucía Figar de cara a los medios, es una fachada frente a la obstinada Marea Verde y las múltiples presiones de amplios y diversos sectores de la sociedad. Además de la comunidad educativa, los sindicatos, toda la oposición, un buen número de medios de comunicación y hasta gente de su propio partido, inmerso en campaña electoral, piden a Esperanza Aguirre que de marcha atrás. Como si todo esto fuera poco, la movilización está sacando a la luz con toda su crudeza las políticas de segregación y privatización de la educación pública, anteriormente ignoradas. Esta situación está provocando enormes tensiones en el seno del gobierno regional, algo relativamente novedoso en la trayectoria presidencial de la lideresa.
Hemos sabido que las Instrucciones fueron elaboradas por el actual Viceconsejero de Empleo, Jesús Valverde Bocanegra, junto con el Director General de Recursos Humanos, Miguel Zurita. El primero era en esos momentos Viceconsejero de Organización Educativa y de él dependían Recursos Humanos, las Áreas Territoriales y la Inspección. Según la información que nos ha llegado, Jesús Valverde Bocanegra puede ser la primera persona que dimita si Esperanza Aguirre lo considera necesario.
La propuesta que realizó Bocanegra de aumentar a 20 horas lectivas se basó en un brevísimo informe que calculaba el ahorro que se produciría por la reducción en la contratación de interinos. Sobre la base del coste de un profesor en 45.000 €/año, calculaban un ahorro de 150 millones equivalente a 3.000 profesores menos. Además pensaban que el coste político no sería muy alto, ya que los principales perjudicados serían los interinos, a su entender un sector minoritario y poco organizado.
La circular aparece luego firmada por la también Viceconsejera, Alicia Delibes, cuyo marido es el Jefe del Gabinete de Esperanza Aguirre. Finalmente las Instrucciones llegaron a los centros en julio y los cupos de profesores por centro se elaboraron todavía más tarde y ya con indicaciones verbales, ninguna escrita, de los inspectores.
Los sindicatos recurrieron las Instrucciones en julio y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que las Instrucciones no son norma y que, por lo tanto, los profesores podrán recurrir individualmente cuando se les den las normas definitivas (horarios) para comprobar que se ajustan (o no) a la Orden de 1994 y 1996.
Hasta aquí el proceso, ya contado en otros artículos, que siguieron las famosas Instrucciones causantes de los recortes. El ahorro económico estaba perfectamente calculado no así el coste político. Aunque estas instrucciones contaban con el apoyo de los responsables de la Consejería de Educación y de la propia presidenta, en ningún caso habían sido advertidos de las posibles consecuencias que podrían derivarse de una movilización ciudadana en contra de las mismas. Las declaraciones incendiarias de la presidenta cuando se anunciaron las primeras huelgas dan pie a pensar que hasta ese momento no había comprendido que el conflicto no se iba a reducir a una batalla contra los sindicatos que podrían aprovechar políticamente al estilo Reagan & Thatcher.
Además de la enorme presión social a la que se ve sometida por la Marea Verde, la Consejería de Educación está en un buen lío jurídico y no ve la forma de salir de él. Deben conocer que una gran parte de los centros van a firmar el DOC (documento de horarios) con un NO CONFORME de directores y jefes de estudios, así como de muchos profesores de la mayoría de centros. Eso iniciará un engorroso proceso de reclamaciones ante las Direcciones Territoriales que acabarán probablemente en los tribunales.
Según nos informan, Alicia Delibes y Mª José Díaz Patrón, son las personas designadas por Esperanza Aguirre para suavizar el conflicto. Para ello están manteniendo diversas reuniones con directores para saber su opinión sobre las movilizaciones y preguntar si podría apaciguarse el ambiente si envían algún profesor más a los centros. Una práctica que han venido aplicando a cuenta gotas a medida que el conflicto se incrementaba. El problema es que con los horarios cerrados, los profesores que se envíen sólo podrán hacer guardias o hacerse cargo de las bibliotecas. Sólo anulando las Instrucciones y rehaciendo los cupos se podría volver a la normalidad.
Queda menos de un mes para las elecciones generales y el conflicto, con la Marea Verde a la cabeza, puede convertirse en uno de sus actores protagonistas, muy a pesar de Rajoy. Esperanza Aguirre está tratando de ganar tiempo hasta después de la victoria electoral del PP. Pero si se consigue mantener el nivel de movilización es posible obligar al gobierno de la Comunidad de Madrid a rectificar, aunque sea difícil que lo haga públicamente. Ha subido la marea y ha removido el fondo de un sistema educativo público abocado a la reproducción social de la desigualdad. Nos queda por ver si consigue arrastrar con ella las “Instrucciones del curso” y a alguna de sus cabezas visibles. Merece la pena intentarlo.
