POLÍTICOS PROFESIONALES COPAN LA INSTITUCIÓN
Ver para creer, que diría el clásico. En España todavía hay organismos públicos inmunes a la crisis. Este es el caso de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Madrid, que ajena a los recortes, y, en general, al ajuste del gasto público, mantiene sus privilegios en estado puro. Varios ejemplos. El sueldo de cada uno de los siete consejeros -un presidente, un vicepresidente y cinco vocales- supera los 7.000 euros mensuales (incluida productividad); todos y cada uno tienen coche oficial y chófer, y lo que no es menos relevante, disfrutan de los mismos beneficios extrasalariales que los diputados de la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, en transportes o asistencia sanitaria.
Un dato ilustra el estado de la cuestión. El presupuesto anual de la Cámara de Cuentas se sitúa (año 2012) en 7,73 millones de euros. ¿Mucho o poco? Lo relevante es que el presupuesto se utiliza para elaborar informes destinados a fiscalizar las cuentas de la Comunidad de Madrid, que ha creado un entramado de caso 200 entes públicos, según la información remitida a Hacienda.
¿Y cuántos informes de fiscalización se redactan al año? Pues en 2011 la cosecha se cerró con once informes, lo que supone que cada uno de ellos costó al erario público algo más de 700.000 euros. El año pasado, sin embargo, no fue mala cosecha, toda vez que entre 2007 y 2009 el número anual de informes de fiscalización se situó en ocho, lo que supone a casi un millón de euros el expediente. Y eso que la Comunidad de Madrid cuenta con 179 municipios a quienes también debe fiscalizar el fiscalizador.
La función de la Cámara de Cuentas, sin embargo, también se extiende a la realización de informes de asesoramiento. ¿Y cuál es el resultado? Pues según el propio organismo, en este caso la cosecha es mucho más magra: uno. Y desde luego que con sabor añejo. El último se realizó en 2003, en plena bronca sobre el control de la Comunidad de Madrid tras el llamado ‘tamayazo’.
Lo de los coches oficiales para los altos cargos no es, desde luego, una pesada herencia recibida. Muy al contrario, y como contó este periódico, en agosto del año pasado, hace apenas catorce meses y en plena crisis económica, el diario oficial de la Comunidad de Madrid publicó una resolución para renovar los ocho coches oficiales del presidente, el vicepresidente, los cinco consejeros y la secretaria general de la institución. El organismo madrileño, dependiente directamente de la Asamblea, valoró el contrato en 471.380 euros, casi 60.000 por coche en régimen de alquiler, el conocido leasing. Según la resolución, la Cámara podrá devolver los coches a los cuatro años del contrato principal (2012-2016), equivalente a 327.873 euros. O prorrogarlo dos años más (hasta 2018) a cambio de otros 143.507 euros.
¿Y quienes lucen tan preciadosos vehículos? Pues en su mayoría políticos profesionales que un día tuvieron cargo público y que hoy han pasado a la reserva, aunque activa a la vista de sus emolumentos.
Políticos profesionales
El presidente, por ejemplo, es Arturo Canalda, quien en su perfil de la página de Linkedin acredita haber sido administrativo de El Corte Inglés entre 1986 y 1991. A partir de ese momento, ha hecho carrera política dentro del Partido Popular (PP) de Madrid, valiendo lo mismo para un roto que para un descosido. Ha sido Defensor del Menor, viceconsejero de Sanidad, delegado de seguridad del ayuntamiento de Madrid y director gerente del Canal de Isabel II, además de haber asesorado a los ministros del Interior y Educación durante los primeros años de Gobierno del PP en la época de Aznar. Un completo periplo político que le ha llevado hasta la presidencia de un órgano clave para controlar el gasto público en la Comunidad de Madrid.
Canalda no es, desde luego, el único con una dilatada carrera política. En la Cámara de Cuentas, por ejemplo, se sientan dos veteranos políticos del PSOE madrileño: el abogado Emilio García Horcajo y Ángel Luis del Castillo. El primero fue concejal de Seguridad del ayuntamiento de Madrid en los tiempos de Enrique Tierno Galván como alcalde, hace casi 30 años; mientras que el segundo fue diputado socialista en la Asamblea de Madrid. Ninguno de los dos con experiencia profesional en la auditoría de cuentas públicas o privadas.
García Horcajo y Del Castillo no son, desde luego, los únicos, con amplia experiencia parlamentaria. Un viejo conocido de la política, Marino Díaz Guerra, se sienta en la Cámara de Cuentas madrileña. Díaz Guerra fue subsecretario de Presidencia y del Ministerio de Trabajo en el anterior Gobierno de José María Aznar, y su experiencia profesional en la fiscalización de organismos púbicos vuelve a ser nula. Exactamente igual que Concepción Ruano, nombrada en la lista del PP.
Ruano es esposa de Ildefonso de Miguel, y en este caso, lo relevante es que De Miguel fue durante años gerente del Canal de Isabel II, una de las empresas que debería fiscalizar la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Tuvo que dimitir tras salir su nombre en la presunta concesión irregular de algunos contratos. Como se ve, todo queda en casa.
Incluso el presupuesto. Nada menos que el 84,2% del gasto se destina a pagar al personal, que no es un personal cualquiera, al menos en los niveles altos. La Cámara cuenta con 11 funcionarios directivos con categoría similar a la del nivel 30 (directores generales), cuyas retribuciones son las más elevadas del sector público. Alguno, incluso, llegó a ocupar puestos de dirección en la antigua secretaría general del Movimiento.
