SOY HIJA DE MADRID LO MISMO QUE FUE MI PADRE, COMO MI MADRE TAMBIEN LO ES, EN ESTA TIERRA DE ARTE DONDE SIEMPRE VIVIRE ... EL RECORRER DE SUS CALLES, LAS CUALES NO TIENEN FIN, TE HACEN SENTIR EL EMBRUJO QUE SIEMPRE GUARDA MADRID, ... Y VENGAS DE DONDE VENGAS, LLEGUES DE CUALQUIER LUGAR, TE SENTIRAS MADRILEÑO, POR LA CALLE DE ALCALA..... Y POR EL MADRID MAS VIEJO QUE PISABAN MIS ABUELAS, PASEARAS SIN DESCANSO POR SUS CALLES Y PLAZUELAS, Y BIEN SEA DE TAPEO DE ENTRESIJO Y GALLINEJA, CHOCOLATE CON BUÑUELOS, DIRAS CON LA BOCA LLENA ...¡!! QUE DESDE MADRID AL CIELO ¡!!

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miércoles, 22 de abril de 2015

Trabajadores del SUMMA 112 advierten del deterioro del servicio de Urgencias en Madrid

Una plataforma de empleados convoca una huelga, al margen de los sindicatos, para la semana que viene


Los trabajadores del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112) llevan meses advirtiendo del deterioro de las condiciones laborales en las que tienen que desempeñar su labor. Ahora, una plataforma de trabajadores se ha desmarcado de los sindicatos AMYTS (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid) y SATSE (Sindicato de Enfermería) y han convocado una huelga entre el 27 de abril y el 3 de mayo. “El servicio se ha ido deteriorando poco a poco, en especial en estos últimos cuatro años, repercutiendo directamente en la atención que prestamos a los ciudadanos”, asegura Nicolás Riera, portavoz de la plataforma de trabajadores de SUMMA 112. 

Entre las demandas que más preocupan a los trabajadores destaca la violación de los protocolos de calidad del propio SUMMA 112. Tal y como explica Riera, el personal del servicio de emergencias es tan ajustado que “cuando uno comienza su turno entra directamente a cubrir avisos, sin que dé ni siquiera tiempo a ponerte el equipo de protección con que contamos”. El ritmo se ha vuelto tan frenético, que “tampoco nos dan tiempo a revisar el material con que va equipada la UVI móvil, con lo que se puede dar la circunstancia de que llegues a una urgencia y no dispongas del material esencial para atenderla”, cuenta Riera.

Esta es una de las consecuencias que ha tenido el recorte a que se ha visto sujeto el servicio por parte de la Comunidad de Madrid, que con la llegada de la crisis dejó de contratar personal eventual. En este sentido, Riera indica que “muchas de las UVIs, diría que al menos una cuarta parte de las que salen a la calle, no cuentan con todo el personal completo porque, sencillamente, no lo hay”. 

Según relata el portavoz, “en el centro de Madrid todo está más concentrado y el impacto es menor, pero en los pueblos de la periferia los tiempos de respuesta se han incrementado alarmantemente”. Riera trabaja en el puesto de las Rozas y, desde que El Escorial no cuenta con un servicio propio, atender una urgencia allí puede llegar a demorarse hasta media hora desde el puesto en el que él está localizado pudiendo, incluso, no llegar a tiempo de salvar al paciente en los casos más graves.

Adiós a las horas extras

Son muchos los puestos que por bajas, vacaciones o festivos quedan sin cubrir, a pesar de que es precisamente en fines de semanas y festivos cuando la Consejería ha concentrado el incremento de la jornada laboral, motivo de otra de las demandas de los trabajadores que ya no consiguen conciliar su vida familiar. 

Riera asegura que “cuando la Administración amplió la jornada a 37,5 horas entre los funcionarios, en lugar de repartir las 2,5 horas adicionales a lo largo de toda la semana (guardias y tardes), en el caso del SUMMA y a diferencia del resto de los sanitarios madrileños, se sumaron únicamente en los festivos y fines de semana”, en un intento por ahorrar el pago de las horas extras, pagas como ordinarias.

Son muchos los puestos que por bajas, vacaciones o festivos quedan sin cubrir

De esta manera, se ha producido la desaparición del pago de las horas extras. Riera explica que “en nuestro caso teníamos dos tipos de horas extras, las obligatorias, que son aquellas que por estar en mitad de un servicio, lógicamente no puedes abandonar tu puesto hasta que no haya finalizado y se haya limpiado y equipado la UVI móvil como es debido; y las voluntarias”.

Hasta hace unos tres años, la hora extra no se pagaba como tal, aunque sí se remuneraba como si fuera una hora ordinaria. Sin embargo, en la actualidad los pagos se han reducido tanto que los trabajadores no cubren ya las extras voluntarias porque, de hacerlo, incluso hay casos en los que perderían dinero con sólo el coste del transporte hasta el lugar de trabajo. “A los conductores se les está pagando 1,50 euros a la hora y en el caso de los médicos y personal de enfermería creo que ronda los 9 y 4,50 euros, respectivamente”, comenta Riera. 

Abandono de los sindicatos

El desencuentro entre los sindicatos AMYTS como SATSE se produjo el pasado 30 de marzo, “cuando sin haber llegado a ningún acuerdo, éstos decidieron desconvocar la huelga que entonces teníamos prevista”, cuenta Riera. Según explica, “la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid puso la condición de que se desconvocara para sentarse a negociar, y los sindicatos aceptaron el chantaje”.

Ante el descontento generado, cerca de 150 trabajadores (y otros 150 que votaron por representación) celebraron hace una semana una asamblea en el Colegio de Médicos de Madrid y, “curiosamente y aunque no se habían vuelto a sentar los sindicatos y la Consejería”, indica Riera, “ese día convocó reunión y se anunció un preacuerdo que no vendía más que humo”, en relación a la programación de las guardias y el desarrollo de la jornada laboral. 

La asamblea del Colegio de Médicos ya cuenta con el apoyo de cerca de 400 personas y, dado que “tanto AMYTS como SATSE se dieron de plazo hasta el 25 para llegar a un acuerdo, hemos fijado el arranque de la huelga para el 27 de abril, dando todavía un voto de confianza”, concluye Riera.

domingo, 19 de abril de 2015

Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.
Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuentaPúblico. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam
La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.
El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.
La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.
Donaciones y contratos
El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.
La interlocución de la trama
El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
Dos delitos de alcance político grave
El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales. 

3D Madrid in Google Earth

GRAN TURISMO 5 MADRID GAMESCOM GAMEPLAY

MADRID protagonista en un juego simula una casi idéntica ciudad!!