Los jueces establecen la vigencia de los contratos de alquiler. La EMVS trata de desalojar hasta 185 familias de sus pisos sociales para venderlos.
El plan de Ana Botella para solucionar los problemas económicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendiendo pisos sociales de forma masiva ha tropezado con los tribunales.
De momento seis sentencias judiciales dan la razón a los inquilinos que, a través de la asociación de vecinos ‘Yo no me voy’, se han enfrentado en los juzgados a la EMVS que les había ordenado desalojar sus viviendas después de no prorrogar sus contratos.
Y es que la empresa municipal quiere cambiar los contratos vigentes -que están blindados con una prórroga forzosa si se mantiene la situación económica de los arrendatarios- para cambiarlos por otros con condiciones menos ventajosas para los afectados y con una duración máxima de tres años, que permitiría una venta posterior de los inmuebles a inversores privados, según denuncia en declaraciones a ElBoletin.com, Alberto Romeral, presidente y portavoz de Yo no me voy.
Romeral explica que la asociación aglutina, de momento, a 185 familias de 14 inmuebles de la capital que han recibido cartas de la EMVS y a las que la empresa municipal está llevando a juicio por negarse a cambiar su contrato vigente, que es indefinido, “por uno con condiciones leoninas y con fecha de caducidad que nos deja a los pies de los caballos, ya que lo que quieren es a los tres años vender los inmuebles a una promotora”.
El último varapalo judicial que ha recibido el Gobierno de Ana Botella ha sido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que da la razón a una inquilina octogenaria, que vive sola y esta delicada de salud, a la que se había ordenado desalojar su vivienda en Puerta Cerrada por negarse a cambiar el contrato, tal y como informa el presidente de esta asociación.
Yo no me voy se creó en 2013 primero como plataforma y luego como asociación vecinal, para defenderse de las intenciones de alcaldesa de Madrid de vender cinco inmuebles a Renta Corporación, inmobiliaria vinculada con el marido de María Dolores de Cospedal, una operación que la alcaldesa se vio obligada a abortar por la polémica suscitada.
Esta asociación -que presentó el año pasado una querella criminal por “acoso inmobiliario” contra el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella y la EMVS por el “mobbing” que dicen están sufriendo los inquilinos para que abandonen sus viviendas sociales o las compren- considera que a pesar de que dicha querella no fue aceptada, los tribunales les están dando la razón y esgrimen las seis sentencias que lo demuestran.
