SOY HIJA DE MADRID LO MISMO QUE FUE MI PADRE, COMO MI MADRE TAMBIEN LO ES, EN ESTA TIERRA DE ARTE DONDE SIEMPRE VIVIRE ... EL RECORRER DE SUS CALLES, LAS CUALES NO TIENEN FIN, TE HACEN SENTIR EL EMBRUJO QUE SIEMPRE GUARDA MADRID, ... Y VENGAS DE DONDE VENGAS, LLEGUES DE CUALQUIER LUGAR, TE SENTIRAS MADRILEÑO, POR LA CALLE DE ALCALA..... Y POR EL MADRID MAS VIEJO QUE PISABAN MIS ABUELAS, PASEARAS SIN DESCANSO POR SUS CALLES Y PLAZUELAS, Y BIEN SEA DE TAPEO DE ENTRESIJO Y GALLINEJA, CHOCOLATE CON BUÑUELOS, DIRAS CON LA BOCA LLENA ...¡!! QUE DESDE MADRID AL CIELO ¡!!

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viernes, 18 de julio de 2014

Investigan la concesión de tres colegios de Madrid a un sobrino de López del Hierro (marido de Cospedal)

Colegios en el punto de mira por su adjudicación. La empresa Antana Educación se ha hecho desde 2008 con la gestión de centros educativos en tres municipios de la Comunidad de Madrid, todos gobernados por el Partido Popular: Villanueva del Pardillo, Paracuellos del Jarama y Leganés. Sin embargo, grupos de la oposición han denunciado a dos de los tres alcaldes por la forma en la que traspasaron los terrenos a la Consejería de Educación, que dirige Lucía Figar. Los opositores relacionan la adjudicación con determinados intereses y conexiones políticas por parte del consejero delegado de la empresa adjudicataria, Jorge López del Hierro,sobrino del marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.    
Fuentes de la Consejería de Educación aseguran a El Confidencial que sendas adjudicaciones se rigieron por “los mismos criterios que se siguen en todos los concursos públicos” y señala a los ayuntamientos como los responsables de ceder los terrenos para uso educativo. “El ayuntamiento aprueba el traspaso. La consejería únicamente se limita a sacar el concurso público y concedérselo a la compañía que reúna las condiciones más óptimas”. De hecho, las mismas fuentes aseguran que Antana Educación pujó por la concesión de otros colegios que fueron a parar a manos de otras compañías, pero no quisieron desvelar cuáles.    
Juan González, alcalde de Villanueva del Pardillo, y Jesús Gómez, el regidor de Leganés, se enfrentan prácticamente a la misma denuncia. La cesión de los terrenos sobre los que se levantaría el centro educativo la aprobaron ambos en Junta de Gobierno y no en el órgano competente, el pleno municipal, donde están representados todos los partidos políticos. Los demandantes se acogen a que la Ley de Grandes Ciudades establece que el traspaso de bienes municipales que supere el 10% de los presupuestos debe decidirse obligatoriamente en pleno, e impugnaron la cesión.
El primer traspaso se firmó en Villanueva del Pardillo en mayo de 2010, cuando se entregó, de manera gratuita y por 75 años, un suelo valorado en más de 4,1 millones de euros. Izquierda Unida demandó al ayuntamiento y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 le dio la razón en junio de 2011, según desveló Estrella Digital. Sin embargo, la sentencia no se ejecutó porque el juez pidió un aval de 300.000 euros para demoler el colegio, pero no lo consiguieron.
Leganés copió el modelo de Villanueva del Pardillo tras las elecciones de mayo de 2011. Otra vez a puerta cerrada se aprobó la cesión gratuita de un terreno, este valorado en 33 millones de euros. Los tres grupos de la oposición denunciaron el proceso porque el negocio volvió a superar el 10% del presupuesto municipal. En paralelo, el partido independiente de la localidad ULEG va a pedir un pleno monográfico para aclarar si existen vínculos familiares entre los gestores de los centros educativos y el PP.
Sin ir más lejos, Jorge López del Hierro es consejero de dicha compañía, junto con Germán García Cordero, desde el pasado mes de junio. Antes había salido de la compañía su hermano Francisco Javier. Los dos son sobrinos de Ignacio López del Hierro, el marido de la secretaria general del Partido Popular. Desde la Consejería de Educación aseguran que “desconocen” si existe algún parentesco entre los adjudicatarios y la secretaria general del PP. Además, subrayan que desde que se adjudicaron los centros no ha habido ningún problema en ninguno de ellos.

Ana Botella responderá ante la Justicia por la venta de viviendas sociales a ‘fondos buitre’

El desmantelamiento del parque público de vivienda que ha estado llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, vendiendo a fondos privados extranjeros las viviendas sociales con residentes, responderá ante los tribunales. 

El PSOE denunciará al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) como responsables de un presunto delito de malversación de fondos públicos y de sustracción de cosas a su utilidad social por la venta de 1.860 viviendas de la sociedad municipal a un fondo buitre. 

Ana Botella responderá ante la Justicia por la venta de viviendas sociales a ‘fondos buitre’

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, al sostener que está operación supone una “ilegalidad” y tiene que ser parada por “injusta”.
Lissavetzky ha explicado que la denuncia se presentará previsiblemente este martes en un juzgado de instrucción y se basa en la posible comisión de estos dos delitos tipificados en el Código Penal, pues la enajenación de realizó sobre precios “muy inferiores” al valor que tienen en el mercado y por la venta de bienes con función social (fundamentalmente alquiler social) para que un ente privado haga “negocio” con estas viviendas a costa de los inquilinos.
Lissavetzky ha apuntado que el Ayuntamiento y la EMVS habrían incurrido en un presunto delito de malversación de caudales públicos al vender unos inmuebles, que se construyeron con el erario público, con precios que oscilan entre 65.000 y 70.000 euros, lo que supondría una pérdida del 30 por ciento sobre el valor que tendría los pisos.
Aparte, ha relatado que son “viviendas públicas construidas también en suelo público” con una utilidad social y que, para solventar la situación de deuda de la empresa municipal, salen a la venta. Ello implicaría un delito de sustracción de cosas a su utilidad social (artículo 289 del Código Penal). Además, en su denuncia van a reclamar al juzgado la suspensión cautelar de los efectos de la venta.
“Frenesí vendedor” del Partido Popular

Lissavetzky ha apuntado que el Plan de Viabilidad diseñado para la EMVS se enmarca en el “frenesí vendedor” de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para saldar “las cuentas” con los bancos, algo que le “interesa mucho más que los ciudadanos”. Aparte, ha apuntado que ha tratado de parar la operación en el consejo de administración de la EMVS y en comisión municipal por “injusta e ilegal” y que, ante la negativa del Ayuntamiento, han tenido que recurrir a la vía judicial.
Por su parte, el letrado del grupo municipal socialista, José María Benítez de Lugo, ha explicado que la fórmula que han elegido es la denuncia ante el juzgado para que sea éste órgano, en la fase de instrucción si admite la denuncia, el que determine concretamente las personas presuntamente responsable de la comisión de ambos delitos.
También ha avanzado que la Asociación de Afectados por la Venta de Vivienda Pública de la EMVS estudia también interponer una querella contra el proceso y ha recordado que el tipo de sustracción de cosas a su utilidad social no es muy frecuente pero que existe una sentencia del Tribunal Supremo al respecto que precisamente se ciñe en la función social del alquiler.
La alcaldesa “mintió”: el nuevo dueño practica la “usura” y el “acoso”

Mientras, el edil socialista Gabriel Calles ha dicho que Botella “mintió” cuando dijo que con la entrada de un fondo de inversión “sólo cambiaba el casero” y ha aseverado que dicho fondo practica la “usura”, desplegando además “acoso” e incluso “amenazas” a los inquilinos para imponerles nuevas condiciones.
La portavoz de la asociación de afectados, Arancha Mejías, ha aseverado que tienen constancia de que la empresa que gestiona los pisos, Fidere, les va a subir el alquiler y les triplicará el coste de la comunidad. También ha aseverado que se producen lanzamientos “sin que el Ayuntamiento haga nada”.
Por otra parte, Lissavetzky ha criticado que Botella y el exalcalde Alberto Ruíz Gallardón hayan utilizado la EMVS para “centrifugar deuda” y que ahora, para solventar la difícil situación que atraviesa la empresa, se tengan que desprenderse de bienes que hacen una función social.
Lissavetzky ha tildado la operación de “locura” y ha comentado que hay sospechas de irregularidades en el proceso, puesto que la gestión la lleva una empresa con un capital de 3.002 euros cuando a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), expertas en este tipo de gestión, se les exige al menos 5 millones de euros de capital.
“La única manera de que salgan las desvergüenzas a la luz es así” ha espetado el portavoz socialista para quien el Ayuntamiento, con esta operación, puede “echar a la calle” a inquilinos que llevan muchos años en estas viviendas.


3D Madrid in Google Earth

GRAN TURISMO 5 MADRID GAMESCOM GAMEPLAY

MADRID protagonista en un juego simula una casi idéntica ciudad!!