23N Una gran marea ciudadana protesta en Madrid contra los recortes / 30N España marcha contra la 'ley Wert'

Una multitudinaria marcha ciudadana tomaba Madrid este sábado en protesta contra la nueva Ley de Educación aprobada por el Gobierno español. En opinión del economista Gregorio López Sanz, la llamada 'ley Wert' supone un "mazazo a la democracia".

La marcha, en la que han participado padres, madres, alumnos, profesores y sindicatos de todas las comunidades autónomas, fue convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. El carácter interterritorial de la manifestación se debe, entre otros motivos, al "desprecio" con el que el Partido Popular ha tratado a la comunidad educativa de todas las autonomías, según denuncian los portavoces de las organizaciones convocantes.

Gritando consignas como "¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos privatizan!", "¡Wert, dimisión! ¡Fuera de la Educación!" o "Qué casualidad, el hijo del obrero no puede estudiar", los manifestantes marcharon durante más de una hora por el centro de la capital española.

Para algunos expertos, la nueva Ley de Educación es "la más repudiada y rechazada" de la historia de la democracia española. El profesor de economía política Gregorio López Sanz cree que el Gobierno es totalmente consciente de que su política se dirige contra su propio pueblo y hace todo lo posible para privarle de la formación de su propia opinión.

"La educación es un arma importante para que la ciudadanía [...] sea crítica con su entorno y participe socialmente, pero cuando los Gobiernos la utilizan con fines de adormecer a la ciudadanía, también la educación puede ser un elemento que limite las posibilidades de la gente", declaró López Sanz.

El profesor calificó la 'ley Wert' de "verdadero mazazo a la democracia" y considera que "el Gobierno sabe que sus políticas van contra la gente y, cuanto más se emplee en cerrar la boca a la gente, más saldrá la gente a la calle", porque lo que siempre se "impone" al final es la libertad y la libre expresión.

La Ciudad de la Justicia, en liquidación: El acto de inauguración de Aguirre costó más de un millón de euros de dinero público. Pero el servicio jamás se hizo público.

El Instituto de Medicina Legal es la única sede construida de las 15 previstas en el macroproyecto judicial de Valdebebas, un complejo aparcado por la Comunidad

La Ciudad de la Justicia, un macroproyecto de 500 millones y 15 edificios judiciales emblemáticos, no se construirá. El Gobierno del PP, 11 años después de anunciar por primera vez su edificación, admite ahora que la sociedad que la iba a gestionar “está en proceso de disolución y liquidación”.

 

Como rastro de la idea fallida queda solo, en mitad de un erial y a escasos metros de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Instituto de Medicina Legal. Este edificio, conocido popularmente como donuts por su forma esférica con un agujero central, está vacío y vigilado 24 horas al día. El arquitecto que lo diseñó, Alejandro Zaera-Polo, abandonó el proyecto por falta de presupuesto. Costó 19,3 millones de euros y lleva más de tres años sin uso.

 

“En el horizonte de 2007, la Ciudad de la Justicia será una realidad”, anunció en diciembre de 2004 el entonces consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. El plazo de finalización de todo el conjunto, con sus 15 edificios, también estaba marcado: 2015.

 

Pero ese momento nunca llegará. La Comunidad de Madrid posterga desde 2010 las actuaciones necesarias para acabar la Ciudad de la Justicia. La liquidación de la sociedad encargada de la gestión está, incluso, pendiente desde entonces. La auditoría también requerida se anuncia desde 2012 sin que se haya conocido hasta la fecha. La oposición critica, además, que las cuentas del macrocomplejo inconcluso no se han publicado desde 2009. Mientras tanto, el donuts aguarda en medio de un erial de Valdebebas por donde corretean los conejos, con vigilancia privada permanente, cuyo coste la Comunidad tampoco detalla. La viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas, Elena González Moñux, aseguró el 8 de octubre de 2013 en la Asamblea de Madrid, que “desde agosto-septiembre de 2012, la sociedad no cuenta con ningún trabajador”. Pero los presupuestos de 2013 incluían 26.155 euros en gastos de personal, más otros 50.000 en servicios de profesionales independientes. Casi 80.000 euros para un edificio vacío. Hay previstos otros 20.000 en 2014.

 

En febrero de 2012, y ante la dificultad de llevar a cabo el proyecto original, la Comunidad decidió rescatarlo con menos ínfulas. Aparecieron las calificaciones de “austero, racional y sostenible en el tiempo”. Las instalaciones serían más modestas, alejadas de los 20 millones de euros previstos para los juzgados de guardia o de los 120 millones de los juzgados de lo penal. La gestión sería privada. La Consejería de Presidencia y Justicia anunció la convocatoria de un concurso para la construcción y gestión del futuro campus por unos 33 millones de euros anuales, precio similar al coste que soporta la Comunidad por el arrendamiento de la mitad de las sedes judiciales en la capital.

 

González Moñux aseguró en octubre que el informe de la auditoría llegará en breve. Indicó que la documentación está preparada y que, una vez aprobadas las cuentas, se presentará un expediente de liquidación a la Intervención de la Comunidad de Madrid. En mayo de 2012 el PP ya anunció una “radiografía exacta de las cuentas” que la oposición sigue reclamando. “Nos han engañado con la Ciudad de la Justicia como ahora nos quieren engañar con la justicia gratuita”, reprocha Libertad Martínez, diputada de Izquierda Unida.

 

“La historia de esta entidad puede servir para ilustrar el derroche que han significado los Gobiernos de Esperanza Aguirre”, mantiene Elvira García Piñeiro, diputada de UPyD en la Asamblea de Madrid. Recalca que, desde que se anunció su liquidación, el PP no ha ofrecido ninguna explicación sobre el destino de su patrimonio y sus deudas. “Se ha eludido cualquier tipo de fiscalización y las cuentas no se han presentado ni en el Registro Mercantil desde 2009 ni ante la Cámara de Cuentas”, puntualiza. Este último organismo indicó en su informe de 2011: “No se ha podido valorar la necesidad o no de la dotación de la provisión relativa al Campus de la Justicia, ya que sus cuentas, como viene repitiéndose ejercicio tras ejercicio, no han sido rendidas”.

 

Dentro de los descuadres que ha encontrado este grupo político está la reducción del inmovilizado material. En 2012 era de 74 millones de euros y en 2013 descendió a 21 millones. “No sabemos a qué se ha debido la desaparición del inmovilizado material en cuantía tan alarmante”, sostiene.

 

 

Una primera piedra de 1,4 millones

 

La ceremonia de colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia, en enero de 2007, no fue un fasto austero. La factura ascendió a 1,4 millones de euros en una presentación que reunió a las autoridades de la Comunidad de Madrid con los principales cargos de la esfera judicial.

 

La entonces presidenta, Esperanza Aguirre, auguró que aquel nuevo proyecto situaría “a los tribunales de Madrid a la altura de una región abierta y moderna”. El montante principal de aquella primera gran factura, que abonaron las adjudicatarias de la urbanización del terreno, correspondió a un montaje audiovisual en 3D, 902.000 euros. Se concibió para presentar ante distintos rincones del mundo (se proyectó en Cannes, Barcelona o Nueva York) la magnificencia de un proyecto que aunaría a los mejores arquitectos del mundo.

 

Norman Foster, autor de la cúpula del Parlamento alemán de Berlín o de la Torre del Milenio de Londres, era el encargado de los “buques insignia”: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial. La arquitecta británico- iraquí Zaha Hadid —primera mujer con un Pritzker (Nobel de Arquitectura) y autora del teatro de la Ópera de Cardiff (Reino Unido)— debía diseñar la sede de los Juzgados de lo Social. El único nombre que finalmente ha quedado del malogrado macroproyecto es el de Alejandro Zaera-Polo, autor de la terminal de pasajeros del Puerto de Yokohama.

 

Empezó a construir el Instituto de Medicina Legal a finales de 2007 y lo abandonó sin terminar un año después por “falta de financiación” y por “agravios comparativos” con el resto de edificios previstos, que tenían presupuestos muy superiores al suyo. Zaera-Polo pidió expresamente “desligar” su nombre de la obra. El edificio, que terminó el estudio de arquitectura EACSN, es el único vestigio de la Ciudad de la Justicia, levantado en mitad de un secarral.

 

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