Eliminada la supervisión sindical, la privatización del Canal de Isabel II se gesta a través de una tupida red de lazos personales, políticos y económicos en torno al núcleo del PP madrileño una operación que contradice el discurso meritocrático del que Esperanza Aguirre se erigió en portavoz.
Desde que, el 16 de septiembre de 2008 Esperanza Aguirre anunciara la privatización del 49% del Canal de Isabel II mediante la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión integral del agua en la Comunidad de Madrid, los sucesivos responsables del Ejecutivo autonómico han urdido, a golpe de decreto y de designaciones interesadas, una compleja trama para asegurar el control de la nueva plataforma de negocio.
El decreto 68/2012 de 12 de julio tumbó el decreto 51/2002 de 4 de abril que regulaba las normas y la composición del consejo de Administración de la empresa pública, un órgano que se vió sensiblemente menguado en número y en pluralidad: de los veinte consejeros, entre los que había miembros de la oposición, representantes sindicales y del comité de empresa del Canal, fueron eliminados de un plumazo todos los que no pertenecían al partido del Gobierno salvo un consejero de función ornamental sin peso representativo alguno.
La dimisión de Esperanza Aguirre, el 17 de septiembre de 2012, obligó a Ignacio González a remodelar el Consejo. Fue la ocasión perfecta para designar a Salvador Victoria como presidente del Consejo de Administración del Ente Público CYII a propuesta ¡de él mismo!, en calidad de consejero de Presidencia del Gobierno regional, una jugada redonda ya que desde esa posición puede controlar, con la mayoría absoluta de la que hace gala el PP, las contrataciones, recalificaciones.... y todas las operaciones que permitirían maximizar el negocio de la venta de la empresa pública.
La elección del resto del Consejo responde, asimismo, a ese objetivo: alzaron a José Manuel Serra Peris a la vicepresidencia, un abogado del Estado con dilatada experiencia en entidades responsables de privatizaciones de sociedades públicas (SEPI y SEPPA). Su imputación como consejero de Bankia no fue óbice para que le renovaran en el cargo.
También José de Cevallos Aguarón, secretario del Consejo cuenta con los necesarios contactos y vínculos profesionales: es marido de Regina Plañiol de la Calle, viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales y ha estado vinculado con Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A., empresa con evidentes intereses en la proyectada privatización.
Completan el consejo Antonio de Guindos, representante del Ayuntamiento de Madrid, imputado por el caso Madrid-Arena y puente “natural” con el Gobierno central y David Pérez, adalid del proyecto Eurovegas y de demostrada lealtad al tándem Aguirre-González.
Incluso la falllida venta de la empresa pública, por incomparecencia de compradores, reportó jugosos beneficios a la red familiar: el estudio de viabilidad jurídica del Plan B que proponía el despiece del Canal en una microempresa pública y una sociedad anónima con participación pública (Canal Isabel II Gestión) fue realizado, al módico precio de 1 millón de euros, entre otras empresas, por Cuatrecasas, donde trabaja Pilar Cavero, cuñada del presidente regional.
Eliminada, por tanto, la supervisión sindical, el Ejecutivo autonómico se ha esforzado en urdir una evidente trama de lazos personales, políticos y económicos en torno al núcleo del PP madrileño, una operación que contradice el discurso meritocrático del que Esperanza Aguirre se erigió en portavoz.
