Educación cerrará 12 colegios e institutos el próximo curso

La consejería alega falta de demanda y señala que se abrirán otros 23 centros

Los padres de uno de los colegios afectados, en Coslada, inician movilizaciones

En el colegio Agapito Marazuela, del municipio madrileño de Coslada, las clases empiezan con una pitada todas las mañanas desde mediados de la semana. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha decidido movilizarse "todo lo que haga falta" para que no cierre el curso que viene. "Vamos a coger firmas por todo Madrid, no pararemos", asegura su presidente, Luis Ángel García, con un hijo en el centro. "No lo vamos a consentir". Denuncia que el centro al que van a trasladar a sus hijos, el colegio Hermanos Machado, "es más viejo y tiene peores instalaciones". El cierre del Agapito Marazuela entra dentro de los planes previstos por la Consejería de Educación para el curso 2013-2014.

Un portavoz de Educación asegura que se trata de un proceso de "fusión" de centros en siete localidades (Alcalá de Henares, Coslada, Madrid, Getafe, Móstoles, Aranjuez y Leganés)  "para adecuar la capacidad de los centros a las necesidades de escolarización". En total, cierran 12 centros, como adelantó el diario El Mundo.

Son seis colegios, tres institutos y tres escuelas infantiles de segundo ciclo, para alumnos de tres a seis años. Desde la consejería aseguran que "todos los años se llevan a cabo fusiones en aquellas zonas donde el número de alumnos en edad escolar decrece de forma importante". En los dos últimos años, según las cifras oficiales, cerraron otros 12. Este curso se abrirán 23 centros nuevos (10 escuelas infantiles, ocho colegios y cinco institutos). 

La consejera del ramo, Lucía Figar, ha defendido este miércoles las "fusiones" como "absolutamente justificadas por la matrícula que reciben, por cercanía con los centros públicos que van a ser fusionados", según las declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. La consejera, que compareció en la comisión de Economía y Hacienda en la Asamblea de Madrid, asegura que  las instalaciones que se vacían se destinarán a uso educativo, como una ampliación de la oferta alumnos con necesidades educativas especiales. Para Figar, este cambio está "aconsejado desde el punto de vista pedagógico".

En el caso de Coslada, según las cifras oficiales, el Agapito Marazuela tiene capacidad para 450 alumnos y 18 grupos y la matrícula es casi de la mitad: 231 estudiantes en 12 grupos. El  Hermanos Machado, al que Educación trasladará a los estudiantes del Marazuela, hay 164 alumnos aunque la capacidad es de 395 plazas. "En ninguno de los casos los centros fusionados se acercan al 100% de su capacidad", añade el portavoz de Educación. La distancia entre los centros "es de entre 200 y 600 metros", añade. "No supondrán ningún problema de desplazamiento para los alumnos y sus familias".

Los centros que cierran

P. ÁLVAREZ

• Alcalá de Henares: El colegio Zulema desaparece y sus alumnos son trasladados al colegio Henares.
• Coslada: El Agapito Marazuela (450 plazas, 231 ocupadas) se integrará en el Hermanos Machado, que actualmente tiene 164 alumnos. El Pio Baroja (450 plazas, 185 ocupadas) cierra y sus alumnos pasan al Virgen del Amor Hermoso.
• Madrid: El colegio Nicolás Salmerón (97 plazas ocupadas de 450) cierra y sus alumnos van al Pintor Rosales. El Enrique Granados (225 plazas, 65 ocupadas) y el Vasco Núñez de Balboa (75 de 225 plazas) se trasladarán al República del Paraguay.
• Getafe: El IES Silverio Lanza (con 300 de 700 plazas ocupadas) se fusionará con el IES Manuel Azaña (800 alumnos actualmente y 26 grupos). El centro resultante se ubicará en los dos edificios.
• Móstoles. El IES Octavio Paz (280 de 1.000 plazas ocupadas) se fusionará con el IES Juan Gris (tiene ahora 500 alumnos para una capacidad de 650). Se ubicará en el Octavio Paz
• Leganés: Las escuelas infantiles Valle Inclán y Verbena, con 36 y 33 alumnos, cierran. Los alumnos serán trasladados a colegios de infantil y primaria. Los primeros, al Calderón de la Barca y los segundos, al Pérez Galdós.
• Aranjuez. Cierra el colegio Miguel Puerta (125 niños de hasta seis años y 225 plazas en total). Los alumnos van al San Isidro.

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Botella desaloja a 120 familias para vender sus pisos a una empresa

El marido de Cospedal es consejero de Renta Corporación, que tiene riesgo de insolvencia

Los pisos, de protección oficial, pasarán a esta empresa por 21 millones

El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), va a desalojar en diciembre a 120 familias que viven de alquiler desde hace décadas en edificios de protección oficial del centro para vender esos inmuebles a una empresa con problemas de solvencia, según denuncia Izquierda Unida, y en la que ejerce como consejero el marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El Gobierno municipal ha calificado esto último de "coincidencia", y ha recalcado que ofreció a los vecinos otras viviendas, eso sí, muy apartadas de la zona donde llevan viviendo media vida. En su opinión, "la necesidad de vivienda no es territorial, es vital", y por tanto dónde se encuentren los pisos es lo de menos.

Los edificios en cuestión, rehabilitados con dinero público, están ubicados en la carrera de San Francisco (35 viviendas), la calle Embajadores (24), la calle San Cayetano (52) y la calle de la Madera (19). Son en total 130 pisos, de los que solo 19 se encuentran vacíos. Según ha denunciado esta mañana el líder municipal de Izquierda Unida, el Ayuntamiento ha ordenado a los vecinos que entreguen las llaves el 13 de diciembre. El portavoz de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, ha señalado que el 40% de los inquilinos son personas mayores a las que "se les va a crear un trauma, sacándolas del lugar donde han pasado toda su vida".

Ortega ha añadido que, en 2007, el Ayuntamiento denegó a estas familias la posibilidad de comprar sus viviendas alegando motivos jurídicos, pero se les prometió que, "en el futuro", se revisaría esa decisión. Sin embargo, lo que se ha hecho es vender ese edificio a la empresa Renta Corporación "sin ofrecerle antes las viviendas a sus inquilinos", según Pérez, que "tienen más derecho y son más solventes que la empresa".

Izquierda Unida ha esgrimido un informe de una asesoría contable que califica con una nota de 1 sobre 10, es decir, la mínima, la capacidad económica de Renta Corporación. Añade esta evaluación que su situación es "muy próxima a la insolvencia, con un riesgo muy elevado de impago". El consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), Fermín Oslé, ha asegurado esta mañana en la comisión municipal de Urbanismo que, en caso de que la empresa no pueda asumir los pagos, al menos el Ayuntamiento se quedará con el dinero que ya haya abonado.

En opinión de Ángel Pérez, se trata de "una operación de caja" con la que el Ayuntamiento sólo espera hacer dinero a costa de "romper su contrato con los vecinos", y "abusando de su posición de poder para perjudicar su vida y beneficiar a una empresa". Ortega ha reseñado que, en el contrato de los inquilinos ahora desalojados, figuraba que los pisos se adjudicaban "de forma definitiva" para "asegurar el uso estable de una vivienda digna".

El Ayuntamiento planea ingresar con esta operación 21 millones de euros. "Ante la situación económica actual, se plantea como una opción positiva para mantener la acción social de la EMVS", ha dicho hoy su máximo responsable. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido paralizar la construcción de viviendas sociales, de forma que la EMVS quedará a partir el año que viene sólo para gestionar los pisos que tiene en alquiler. O para vender algunos de ellos y hacer caja, como en esta operación. El Ayuntamiento ha ofrecido a los inquilinos realojarlos en otros edificios, manteniendo las condiciones siempre que sea posible, y con un contrato de alquiler de cinco años.

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