SOY HIJA DE MADRID LO MISMO QUE FUE MI PADRE, COMO MI MADRE TAMBIEN LO ES, EN ESTA TIERRA DE ARTE DONDE SIEMPRE VIVIRE ... EL RECORRER DE SUS CALLES, LAS CUALES NO TIENEN FIN, TE HACEN SENTIR EL EMBRUJO QUE SIEMPRE GUARDA MADRID, ... Y VENGAS DE DONDE VENGAS, LLEGUES DE CUALQUIER LUGAR, TE SENTIRAS MADRILEÑO, POR LA CALLE DE ALCALA..... Y POR EL MADRID MAS VIEJO QUE PISABAN MIS ABUELAS, PASEARAS SIN DESCANSO POR SUS CALLES Y PLAZUELAS, Y BIEN SEA DE TAPEO DE ENTRESIJO Y GALLINEJA, CHOCOLATE CON BUÑUELOS, DIRAS CON LA BOCA LLENA ...¡!! QUE DESDE MADRID AL CIELO ¡!!

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jueves, 11 de octubre de 2012

Eurovegas necesitará 2.000 millones de dinero público


Varias organizaciones crean la Plataforma Eurovegas No para denunciar las mentiras del proyecto. Explican que el complejo se financiará con dinero público.

Eurovegas necesitará 2.000 millones de dinero público
El megaproyecto Eurovegas se instalará en terrenos de la Comunidad de Madrid. Desde principios de año, la Administración y la compañía de casinos del Eurovegas, Las Vegas Sands Corp. (LVSC), llevaban negociando la instalación de un complejo de turismo, ocio y juego de varios cientos de hectáreas en el Estado español. Entre las exigencias que la transnacional trasmitió en su momento a las Administraciones españolas hay desde cambios en la legislación (por ejemplo, la Ley de Extranjería, la Ley Antitabaco, la Ley de prevención del blanqueo de capitales, el Estatuto de los trabajadores, la Ley autonómica del juego, etc.), hasta exenciones dinerarias (sobre varios impuestos, avales públicos, etc.). Los argumentos que se han esgrimido a favor de Eurovegas apuntan a que será una inversión privada millonaria que generará muchos puestos de trabajo. Pero poco se ha dicho de las consecuencias y el impacto real que tendrá el macrocasino Eurovegas.

RECHAZO AL EUROVEGAS

Desde el primer momento, diversos movimientos y organizaciones sociales se constituyeron en la Plataforma Eurovegas No para mostrar su rechazo al proyecto, con la elaboración de varios informes, que han valorado los impactos sociales, económicos, legales y ambientales del macroproyecto y que piden no ceder al chantaje del argumento del empleo.
Según la Plataforma Eurovegas No el proyecto se financiará con dinero público. Un estudio llevado a cabo por las organizaciones que se oponen al complejo de ocio explica que será necesario destinar más de 2.000 millones de euros a la construcción de infraestructuras, principalmente de transporte: AVE, Metro y carreteras.
Si, además, se cumplen las supuestas bonificaciones y exenciones exigidas por la multinacional en materia fiscal, “no sólo los ingresos fiscales serían muy reducidos sino que la concesión de dichas exigencias supondría la violación del principio constitucional de equidad fiscal”, explica Sol Sánchez, miembro de la Plataforma Eurovegas No. Este escenario se agravará si, en la primera fase del proyecto, en la que está prevista la construcción de cuatro hoteles y dos casinos, la empresa no considerara suficientemente rentable el negocio y lo abandona. Esto provocaría un perjuicio mucho mayor para la economía de la región.
Según estima la plataforma, el conjunto de inversiones públicas, la exención de tasas sobre el juego –que superará los 870 millones– y otros 35 millones de euros de las deducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, entre otros costes no valorados por falta de información, superan con creces los 1.861 millones de euros que recaudarían las arcas públicas.
En cuanto a la financiación de Eurovegas, LVSC ya ha anunciado que en el primer tramo, el único asegurado, sólo financiará entre el 25 y el 35% del proyecto. “La inversión multimillonaria no alcanzará los tan anunciados 17.000 millones de euros, como mucho serán 2.000 millones. El resto del dinero lo financiará la banca”, explica la economista María Fernández. A pesar de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declarase que no habría “ni un euro de dinero público”, no conviene olvidar los 258.000 millones de euros de avales públicos del Estado español a la banca privada aprobados para 2012, ni los avales e inyecciones directas al sector desde 2008.

EL ARGUMENTO DEL EMPLEO

La hipotética creación de empleo es el argumento más utilizado por los defensores de Eurovegas. Se prometen 260.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. “No es posible que la cantidad de puestos de trabajo que se creen en el macrocomplejo sea ocho veces la de LVSC en todo el mundo”, comenta la sindicalista y arquitecta Ana Sanz, y añade que “no sólo el continuo baile de cifras anunciadas pone en cuestión esa cantidad, sino que además no se está teniendo en cuenta la destrucción de empleo que Eurovegas va a generar en otros centros de ocio de la región”. Además, Sanz señala que “el modus operandi de la multinacional LVSC en sus otros complejos, donde están prohibidos los sindicatos, pone en duda la calidad de los empleos y nos hace pensar en precariedad y pérdida de derechos laborales”. Además, una parte sustancial del trabajo se generaría sólo en la fase de construcción, lo que significa puestos de trabajo temporales.
Según el informe medioambiental elaborado por la Plataforma Eurovegas No, en comparación con los modelos de LVSC en China y Singapur, “el proyecto es una iniciativa insostenible para el territorio madrileño, donde los impactos ambientales serían más graves e irreversibles”. Por un lado, se va a modificar e incumplir la normativa urbanística actual en la Comunidad, por otra parte, habrá una pérdida de suelo público. A todo esto hay que sumar la contaminación atmosférica y el aumento de las emisiones de CO2.
Las organizaciones que integran la plataforma también explican que el complejo de ocio Eurovegas supondrá un despilfarro de recursos, como por ejemplo, la demanda de electricidad, que será similar a la de una ciudad como Zaragoza y un consumo de agua equivalente al de una población de 70.000 habitantes”. Denuncian también que en el proceso de negociación entre los poderes públicos y la empresa se está vulnerando constantemente el derecho de acceso a la información pública y se preguntan “si realmente existe voluntad de rendir cuentas, de hacer transparente el funcionamiento de los poderes públicos. Eurovegas responde a intereses particulares minoritarios frente a los intereses de la población”, concluye la plataforma.

BIENVENIDA AL MULTIMILLONARIO ADELSON

Las Vegas Sands Corp., propiedad del magnate Sheldon Adelson tiene tres investigaciones abiertas en EE UU. Las causas se refieren a delitos como ocultación de documentos, soborno a políticos, blanqueo de capital derivado de corrupción política y tráfico de drogas e incluso incitación a la prostitución en sus negocios en Macao (China), donde se le atribuyen conexiones con mafias de este último país. Adelson, fundador y principal accionista de la empresa, ha centrado sus esfuerzos en apoyar la campaña del Partido Republicano en las próximas elecciones de EE UU.
Primero apoyó al ala más conservadora, y ahora al candidato Romney, que junto con Adelson, se han pronunciado contra un Estado palestino. Una de las características de Adelson es su estrecha relación con el sionismo más radical: es miembro fundador de los principales lobbies judíos de Estados Unidos e íntimo amigo del primer ministro de Israel, Nethanyahu. Durante la guerra de Iraq varios medios se hicieron eco de su financiación a favor de la guerra y ahora estaría dispuesto a financiar una guerra con Irán y dar dinero para eso a Israel y al candidato republicano de EE UU.

 Casualidades de la vida: " El marido de #Cospedal es consejero de Metrovacesa, que tiene un terrenito en #Alcorcón que va a comprar #Eurovegas.  "

Ser consejero en la Cámara de Cuentas de Madrid: 7.000 euros, coche oficial y chófer


POLÍTICOS PROFESIONALES COPAN LA INSTITUCIÓN


Ver para creer, que diría el clásico. En España todavía hay organismos públicos inmunes a la crisis. Este es el caso de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Madrid, que ajena a los recortes, y, en general, al ajuste del gasto público, mantiene sus privilegios en estado puro. Varios ejemplos. El sueldo de cada uno de los siete consejeros -un presidente, un vicepresidente y cinco vocales- supera los 7.000 euros mensuales (incluida productividad); todos y cada uno tienen coche oficial y chófer, y lo que no es menos relevante, disfrutan de los mismos beneficios extrasalariales que los diputados de la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, en transportes o asistencia sanitaria.
Un dato ilustra el estado de la cuestión. El presupuesto anual de la Cámara de Cuentas se sitúa (año 2012) en 7,73 millones de euros. ¿Mucho o poco? Lo relevante es que el presupuesto se utiliza para elaborar informes destinados a fiscalizar las cuentas de la Comunidad de Madrid, que ha creado un entramado de caso 200 entes públicos, según la información remitida a Hacienda.
¿Y cuántos informes de fiscalización se redactan al año? Pues en 2011 la cosecha se cerró con once informes, lo que supone que cada uno de ellos costó al erario público algo más de 700.000 euros. El año pasado, sin embargo, no fue mala cosecha, toda vez que entre 2007 y 2009 el número anual de informes de fiscalización se situó en ocho, lo que supone a casi un millón de euros el expediente. Y eso que la Comunidad de Madrid cuenta con 179 municipios a quienes también debe fiscalizar el fiscalizador.
La función de la Cámara de Cuentas, sin embargo, también se extiende a la realización de informes de asesoramiento. ¿Y cuál es el resultado? Pues según el propio organismo, en este caso la cosecha es mucho más magra: uno. Y desde luego que con sabor añejo. El último se realizó en 2003, en plena bronca sobre el control de la Comunidad de Madrid tras el llamado ‘tamayazo’.
Lo de los coches oficiales para los altos cargos no es, desde luego, una pesada herencia recibida. Muy al contrario, y como contó este periódico, en agosto del año pasado, hace apenas catorce meses y en plena crisis económica, el diario oficial de la Comunidad de Madrid publicó una resolución para renovar los ocho coches oficiales del presidente, el vicepresidente, los cinco consejeros y la secretaria general de la institución. El organismo madrileño, dependiente directamente de la Asamblea, valoró el contrato en 471.380 euros, casi 60.000 por coche en régimen de alquiler, el conocido leasing. Según la resolución, la Cámara podrá devolver los coches a los cuatro años del contrato principal (2012-2016), equivalente a 327.873 euros. O prorrogarlo dos años más (hasta 2018) a cambio de otros 143.507 euros.
¿Y quienes lucen tan preciadosos vehículos? Pues en su mayoría políticos profesionales que un día tuvieron cargo público y que hoy han pasado a la reserva, aunque activa a la vista de sus emolumentos.
Políticos profesionales
El presidente, por ejemplo, es Arturo Canalda, quien en su perfil de la página de Linkedin acredita haber sido administrativo de El Corte Inglés entre 1986 y 1991. A partir de ese momento, ha hecho carrera política dentro del Partido Popular (PP) de Madrid, valiendo lo mismo para un roto que para un descosido. Ha sido Defensor del Menor, viceconsejero de Sanidad, delegado de seguridad del ayuntamiento de Madrid y director gerente del Canal de Isabel II, además de haber asesorado a los ministros del Interior y Educación durante los primeros años de Gobierno del PP en la época de Aznar. Un completo periplo político que le ha llevado hasta la presidencia de un órgano clave para controlar el gasto público en la Comunidad de Madrid.
Canalda no es, desde luego, el único con una dilatada carrera política. En la Cámara de Cuentas, por ejemplo, se sientan dos veteranos políticos del PSOE madrileño: el abogado Emilio García Horcajo y Ángel Luis del Castillo. El primero fue concejal de Seguridad del ayuntamiento de Madrid en los tiempos de Enrique Tierno Galván como alcalde, hace casi 30 años; mientras que el segundo fue diputado socialista en la Asamblea de Madrid. Ninguno de los dos con experiencia profesional en la auditoría de cuentas públicas o privadas.
García Horcajo y Del Castillo no son, desde luego, los únicos, con amplia experiencia parlamentaria. Un viejo conocido de la política, Marino Díaz Guerra, se sienta en la Cámara de Cuentas madrileña. Díaz Guerra fue subsecretario de Presidencia y del Ministerio de Trabajo en el anterior Gobierno de José María Aznar, y su experiencia profesional en la fiscalización de organismos púbicos vuelve a ser nula. Exactamente igual que Concepción Ruano, nombrada en la lista del PP.
Ruano es esposa de Ildefonso de Miguel, y en este caso, lo relevante es que De Miguel fue durante años gerente del Canal de Isabel II, una de las empresas que debería fiscalizar la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Tuvo que dimitir tras salir su nombre en la presunta concesión irregular de algunos contratos. Como se ve, todo queda en casa.
Incluso el presupuesto. Nada menos que el 84,2% del gasto se destina a pagar al personal, que no es un personal cualquiera, al menos en los niveles altos. La Cámara cuenta con 11 funcionarios directivos con categoría similar a la del nivel 30 (directores generales), cuyas retribuciones son las más elevadas del sector público. Alguno, incluso, llegó a ocupar puestos de dirección en la antigua secretaría general del Movimiento.

3D Madrid in Google Earth

GRAN TURISMO 5 MADRID GAMESCOM GAMEPLAY

MADRID protagonista en un juego simula una casi idéntica ciudad!!