La Plataforma en Contra de la Privatización del Canal de Isabel II y el Grupo de Trabajo Agua Pública del 15-M de Madrid, continuando con las acciones emprendidas en contra de la privatización del Canal de Isabel II, inician una campaña en contra de la subida de tarifas del agua de Madrid.
Esta campaña llama a la movilización de la ciudadanía y a las comunidades de vecinos de los barrios y pueblos de Madrid para que revisen su factura del agua y efectúen una reclamación ante el Defensor del Canal y/o, a través de la Junta de Vecinos y el presidente de la Comunidad, interpongan un recurso de alzada para anular la orden 2304/2011, que es la que establece esta nueva estructura tarifaria.
A través de esas acciones se busca denunciar que el incremento de la tarifa se ha concretado con total opacidad, sin justificarla ni técnica ni económicamente; incidir políticamente en el proceso de privatización del Canal de Isabel II, toda vez que se constata que el incremento de las tarifas sienta las bases para hacer más atractiva la privatización del Canal de Isabel II; y, anular la Orden 2304/2011 que hace posible esta subida.
La participación en esta campaña está abierta a todos las organizaciones y personas interesadas y tendrá una duración de tres meses, terminando en diciembre de 2012, con una entrega conjunta de las reclamaciones efectuadas al Defensor del Canal.
Una subida de tarifas injustificada, opaca y desproporcionada.
Un estudio realizado por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II pone en evidencia que en la Orden 2304/2011 de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba la modificación de las tarifas, se introduce sin justificación alguna una nueva formulación que afecta a la cuota fija de los servicios de aducción y distribución, y que es la que ocasiona un incremento desproporcionado en el precio del agua, que puede alcanzar hasta un 20% con respecto al año anterior, dependiendo del contador y del número de viviendas o usos abastecidos.
Las nuevas tarifas afectan especialmente al primer bloque de consumo, asociado a los menores volúmenes y, en consecuencia, a los sectores sociales más vulnerables. En este sentido, se trata de una revisión injusta socialmente e inadecuada desde el punto de vista de la sostenibilidad.
El incremento tarifario se apoya en el aumento desmedido de la cuota de servicio, que llega a alcanzar valores superiores al 55%. Este hecho no puede más que inscribirse en el intento por parte de la Comunidad de Madrid de privatizar el Canal de Isabel II, toda vez que se aumenta precisamente la cuota que interesa especialmente a cualquier operador que pudiera participar en una eventual compra de la empresa.
Además, según denuncia el informe, esta subida no se corresponde con la situación de crisis económica en la que está sumida la sociedad madrileña ni con los resultados económicos del Canal de Isabel II, ya que en 2010 tuvo unos beneficios de 116 millones de euros.
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