Mientras la alcaldesa de Madrid sigue negando los altos niveles de contaminación en el aire de Madrid, hay quien sí se preocupa por la "boina" de contaminación.
El Parlamento Europeo ve indicios de ilegalidad en las cifras de contaminación de la región
La denegación de la prórroga a Barcelona pone en apuros a la capital
Bruselas vigila de cerca la boina de contaminación que cubre la capital y que también se deja notar en otros municipios de la región como Coslada y Leganés. El Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta una denuncia (petición, en vocabulario comunitario) presentada por Equo a la comisión de Peticiones de la cámara. Ve en ella indicios de que se pueda estar infringiendo alguna ley europea, señala una portavoz de la institución. Equo considera que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento infringen la directiva 2008/50 por los niveles de contaminación que se registran habitualmente en la región, los cuales superan los máximos permitidos y han obligado a pedir prórrogas a la Comisión Europea para ganar cinco años —el cumplimiento es obligatorio desde 2010— y evitar una posible sanción.
Equo denuncia que el Ayuntamiento de Madrid cambió de lugar las estaciones de medición para maquillar los datos de contaminación, critica su “inacción” y considera que el plan de calidad del aire recientemente aprobado “es insuficiente”. En el caso de la Comunidad de Madrid, que en 2010 superó los límites de dióxido de nitrógeno en Coslada y Leganés, la formación ecologista considera que la subida de las tarifas del transporte público desincentivará su uso y “promocionará el coche privado aumentando aún más los problemas de contaminación”. Con esos argumentos se presentó Juan López de Uralde, secretario general de Equo, en el Parlamento Europeo el pasado día 12. El representante de la Comisión Europea, que es la que tiene poder ejecutivo y sancionador, pidió al Parlamento que mantuviera la petición abierta.
La Comisión Europea decidirá dentro de unos meses si concede las prórrogas que pidió el Ayuntamiento de Madrid hace unas semanas y la Comunidad de Madrid a finales de diciembre —para dos zonas: Corredor del Henares (por Coslada) y Urbana Sur (por Leganés)— para tratar de ganar tiempo y retrasar hasta 2015 la obligación de no superar los límites que marca la legislación europea para el dióxido de nitrógeno, un gas irritante de las vías respiratorias que procede principalmente del tráfico y, más en concreto, de los diésel. La Comisión acaba de denegar la prórroga a Barcelona —la solicitó en septiembre de 2011, junto con Palma y la zona de Vallès-Baix Llobregat— porque considera que no ha demostrado que vaya a poder cumplir los límites en 2015. La Comisión tampoco aceptó las moratorias que le pidió España por otro contaminante, las partículas en suspensión, y denunció al Estado ante el Tribunal de Justicia de la UE, que aún está dirimiendo el caso.
“Si las ciudades con problemas de contaminación no establecen zonas de bajas emisiones como ya han hecho 195 localidades de toda Europa, Bruselas no les va a conceder ninguna prórroga”, opina Xavier Querol, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y colaborador en la redacción de la directiva comunitaria que ahora incumplen, entre otras, Barcelona y Madrid.
Ninguna ciudad española cuenta aún con estas zonas, al menos tal y como se definen en el resto de Europa. Constituyen áreas geográficas delimitadas en las que se impide el acceso a los vehículos más contaminantes. Pese a que Madrid llama “zona de bajas emisiones” al centro de la capital, las medidas de su plan de calidad del aire se limitan a cobrar un 10% más por aparcar y aumentar en una hora el horario de pago en los parquímetros, además de renovar la flota de autobuses que circula por la zona. Un plan anterior, de 2006, sí preveía cerrar el centro a los coches más sucios, pero nunca ha llegado a ponerse en marcha. El plan de calidad del aire que elaboró el anterior Ministerio de Medio Ambiente incluía las zonas de bajas emisiones tal y como funcionan en Europa, es decir, delimitando áreas en las que se prohíbe circular a los coches que emiten más NO2. El plan está actualmente “en revisión”.
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