“Al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. La Agencia Tributaria es clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. En 2010 ya lo hizo la investigación del caso Gürtel. Ahora, los inspectores de Hacienda —ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy— han remitido al juez de Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que denuncian la existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Es decir, el dinero de los empresarios acabó pagando los gastos electorales del PP madrileño.
Sin embargo, el presunto delito ha prescrito, motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir adelante con la investigación.
El nuevo informe, fechado hace apenas 10 días, se ha elaborado con el fin de cuantificar las cuotas presuntamente defraudadas por una de las sociedades de la trama, Special Events, en los ejercicios 2003 y 2004. Los inspectores de Hacienda destacan el hecho de que la facturación de Special Events a Fundescam “ofrece determinadas irregularidades”. Y resalta hasta cinco facturas emitidas. En una de ellas, tal como describe el informe y se percibe en el documento incautado en los registros de las empresas de la trama, Fundescam emitió una factura por supuestos trabajos para cursos y jornadas organizados por esa fundación, “pero la nota que aparece adherida a la factura indica que lo que realmente se factura son trabajos para la organización de un acto para el Partido Popular”. Otra, la factura 02/0177 por trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas, lleva adherida otra nota aclaratoria en la que, en este caso, la trama escribió toda una aclaración: “Esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre de 2002 y ha sido extendida con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificación en su momento”. “Enviada a Beltrán Gutiérrez, gerente regional del Partido Popular”, indica.
En otra factura, presentada por Special Events a Fundescam, se relacionan un supuesto seminario, una jornada de trabajo y un curso de formación, de los que indican incluso los días de celebración. Sobre el documento, la nota aclaratoria de la trama indica que realmente servía para cobrar el coste de los servicios de la empresa de la red Gürtel en el acto de presentación de candidatos en Móstoles.
La campaña de las elecciones regionales de Madrid y el congreso regional del PP de Madrid fueron otros de los conceptos que, según apuntó la trama para su propia contabilidad, se cobraron a través de la fundación, en lugar de hacerlo directamente al PP. Las elecciones a las que se refiere la nota son las celebradas en mayo de 2003, cuando el pacto de los partidos de izquierdas, PSOE e IU, en la Asamblea de Madrid iba a otorgar la presidencia de la Comunidad a los socialistas, hecho que se truncó cuando uno de los integrantes de la lista, Eduardo Tamayo, y otra diputada se abstuvieron e impidieron la elección del candidato socialista y dieron el poder a Esperanza Aguirre.
Las referencias que incluye en su informe la Agencia Tributaria, que se circunscriben a la comisión de un delito electoral, en el que se incluye la financiación ilegal, no afectan solo a actos y campañas regionales sino que también existe una nota que sostiene que la factura por el “transporte, guía, manutención y visitas facultativas” sirvió en realidad para pagos de actos de la campaña de las generales en Madrid, en 2004.
Tras detectar estas irregularidades, la investigación inició la revisión de las cuentas de la empresa de los años 2007 y 2008, durante los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito. La forma de proceder es, además, semejante a la detectada en el PP valenciano, donde los servicios que las empresas de la trama hicieron para el partido acabaron siendo costeados por empresarios.
