Cinco afectados, un abogado y tres simpatizantes luchan desde hace tres meses por los afectados por las hipotecas en Madrid
Al contrario de lo que uno podría imaginar, el origen de la Plataforma de afectados por la Hipoteca de Madrid no hay que buscarlo en una persona asfixiada por las deudas, sino en una funcionaria del juzgado de Alcalá Meco. Hasta allí llegaron un día Cristina Martín y José Luis Salazar, su marido, a recoger una de tantas notificaciones bancarias.
A esta pareja de 35 y 38 años con dos hijas —ella es auxiliar de ayuda domiciliaria a personas mayores, él hace suplencias esporádicas en una fábrica de ropa— el inicio de la crisis les sorprendió con un crédito puente encima. Con buena parte de la hipoteca de su casa ya pagada, decidieron mudarse a otra más grande. El banco les ofreció esta opción que permite comprar una segunda casa antes de vender la primera. La pareja disponía de un año para vender su casa. Pero la crisis se les vino encima y eso nunca sucedió. El resto, se lo imaginan.
“Un día fuimos al juzgado a por una nueva notificación y la abogada nos dijo que estaba harta de ver casos como el nuestro y que estaba indignada. Nos contó que en otras zonas los afectados se estaban organizando y nos animó a informarnos”, explica Cristina. La pareja buscó en Internet, donde dieron con el contacto de José Coy, líder de la Plataforma de Afectados de Murcia, que viajó a Madrid convencido de que parte del éxito de sus reivindicaciones pasa por lograr involucrar a cuantos más afectados mejor.
La pareja decidió reunir a más afectados y empapeló Alcalá Meco y alrededores anunciando una reunión que se celebró el pasado 30 de marzo. La convocatoria tuvo poco éxito, pero sí atrajo a Elena Parrondo, de 42 años, madre de cuatro hijos y en el paro al igual que su marido— y a David Cobo, un técnico de mantenimiento aeronáutico y militante del partido comunista que se interesó por la causa.
Con ayuda de la experiencia de Cobo y de Chema Ruiz, de Democracia Real Ya, Cristina y José Luis se pudieron en contacto con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), cuyo presidente, Nacho Murgui, les prestó apoyo logísitico. Murgui les presentó a Aída Quinotoa, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), una asociación de inmigrantes que lleva tres años ayudando a afectados. Quinotoa es a su vez afectada y una de las diez personas que ha interpuesto una denuncia por estafa contra la Central Hipotecaria del Inmigrante, un chiringuito financiero que concedía hipotecas mediante irregularidades varias, como avales cruzados o tasaciones desorbitadas.
A través de CONADEE se unieron al grupo otros afectados, como Eduardo Cachago —ex maquinista de excavadoras de la construcción y a la espera de que le llegue la orden de desahucio de su vivienda—, y el abogado de la asociación, Rafael Mayoral, muy comprometido con la causa.
Un día apareció por la FRAVM Anwar Khalil, un inmigrante de origen libanés con una orden de desahucio para el 15 de junio. Anwar también contó su caso en la joven asamblea del barrio de Tetuán, surgida del 15-M, cuyos asistentes encontraron en la preocupación de este panadero en el paro una causa a la que sumarse. La asamblea de Tetuán puso en marcha su red de divulgación. Eloi Morte, un auxiliar de vuelo catalán que vive en el barrio de Salamanca, acudió a la asamblea de su barrio, donde oyó hablar del caso de Anwar. “Pensé: en esto puedo ayudar”.
El 4 de junio, la PAH Madrid se presentó a los medios. Once días más tarde, la escena de 500 personas evitando el desahucio de Anwar aparecía en la mayoría de los medios de comunicación, así como el mal rato que vivió el coordinador de izquierda Unida, Cayo Lara, que enfadó a los indignados al dirigirse a los medios, lo que interpretaron como un intento de ponerse la medalla.
Hace una semana, el abogado Rafael Mayoral viajó a Barcelona para encontrarse con representantes del resto de los grupos de esta plataforma que nació en Cataluña en 2009 y que ya ha evitado 42 desahucios en toda España.
En los últimos 10 días el grupo de Madrid ha recibido decenas de correos de personas con desahucios encima o con ganas de colaborar. Les faltan manos para gestionarlos. Además de los dos desalojos que ya han frenado (el de Anwar y el de Luis, de Parla), les han pedido ayuda tres personas más. Dos se han echado para atrás por temor a la repercusión. El tercero de momento sigue en pié. Será el miércoles 6 de julio.
Para algunos de sus miembros, esta plataforma es una causa a través de la que protestar por un sistema que consideran injusto. Desde que se sumó al grupo, Eloi Morte, su coordinador, no se despega de un cuaderno que ha llenado de apuntes, se ha agenciado un móvil con conexión a Internet y sobre todo, ha encontrado una causa a la que entregarse: “Andaba buscando algo con lo que involucrarme y esto, que es una acción muy concreta, me pareció perfecto”. “Engancha rápido”, dice David Cobo. “Cuando ves los dramas de los afectados y lo injusta que es la legislación, dan ganas de involucrarse”.
Para otros, la plataforma es un lugar donde “ahogar nuestras penas y pedir ayuda”, en palabras de Eduardo Cachago. “Es principalmente apoyo moral”, dice Elena Parrondo. “Mucha gente da por hecho que no pagas porque no quieres y eso te afecta. Cuando el banco intente desahuciarnos, yo pediré ayuda para evitarlo. Es un número, pero la vergüenza a mí ya se me ha quitado. Vergüenza me da cuando llega la hora de cenar y no tengo qué poner”. “La gente está empezando a perder la vergüenza”, añade Cristina, impulsora de la plataforma. “No nos queda otra”.
