Tras la sesión de investidura del alcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, la primera Junta de Gobierno de la nueva legislatura ha comenzado con fuerza en lo que a fiscalidad se refiere, en concreto sobre la figura del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), popularmente conocido como ‘la contribución’. Determinándose una subida del 5,7% anual a partir del próximo año y durante los diez siguientes, de tal modo que en términos medios, los madrileños verán incrementada la ‘factura’ de este impuesto en un 74% para el año 2021.
Esta medida acrecentará aún más la presión fiscal que el Ayuntamiendo de la capital de España ejerce sobre los madrileños tras el no muy lejano establecimiento de otro tributo local, como es la Tasa de basuras, disminuyendo aún más la renta disponible a un ciudadano que cada vez está para menos sorpresas.
Los argumentos que defiende el consistorio madrileño es la ‘necesidad’ de revisar unos valores catastrales obsoletos, de tal modo que aunque se mantenga inalterado el tipo impositivo, redundará en una mayor cuota debido a un alza generalizado en el valor catastral de las fincas.
Desde el inicio de la presente crisis económica, y en particular, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, me he cuestionado repetidas veces por qué no se revisaban los valores catastrales a la baja, algo bastante lógico al ser menor su valor en el mercado. Pues lejos de esta aventurada presunción, el Ayuntamiento de Madrid ha dado un golpe de efecto, desafiando a lo que dicta la propia economía.
En el fondo, como ustedes imaginarán, la cuestión que hay detrás es una necesidad ardiente de incrementar la recaudación municipal, fruto de la estructuralización de gran parte del gasto corriente del que en la práctica resulta muy ‘incómodo’ deshacerse. Si no, ¿qué otra razón puede haber? Nuestro sistema impositivo no es muy longevo, pero ya ha vivido varias crisis y nunca se ha revisado este impuesto a la baja.
