Como se esperaba, Esperanza Aguirre lo primero que propuso en su discurso de investidura fue reiterar, como ya lo hizo sin éxito en 2003, su voluntad de " reformar todas las normas que hagan falta para lograr que los ciudadanos se sientan mejor representados en esta Asamblea". "Confío en lograr el apoyo de toda la cámara para lograr una mejor y más fluida relación entre los votantes y sus únicos y legítimos representantes que somos nosotros", dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, después de criticar con dureza a los supuestos indignados que el pasado sábado agredieron, insultaron o persiguieron a los representantes elegidos en las urnas en distintos municipios de la región. "El comportamiento de estos indignados no difieren del de todos los movimientos totalitarios", aseguró, sin olvidarse de criticar también la "pasividad" del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "frente a las coacciones".
Aguirre también volvió a poner sobre la mesa otras dos propuestas antiguas que no prosperaron en pasadas legislaturas, como la "desaparición del Grupo Mixto, refugio de tránsfugas o divisiones de partidos", y la división de la Comunidad de Madrid en circunscripciones. "Las listas de hoy impiden a los ciudadanos conocer siquiera un poco a quienes van a ser sus representantes. Si Madrid estuviera dividida se mejoraría el conocimiento de los candidatos y habría un mejor control de los votantes", argumentó la lideresa.
Por último y antes de pasar a hablar de su programa de Gobierno, "más reformista y ambicioso que nunca, con la austeridad como llave maestra", la presidenta propuso también que se pueda "elegir por listas no bloqueadas, para que los madrileños puedan decidir qué personas dentro de las listas quieren que les representen. Esta reforma me parece hoy más necesaria que entonces", afirmó en referencia a la necesidad de cambiar la ley electoral autonómica, algo que desde su visión, “marcaría un hito en la democracia española”.
"Ya puedo anunciarles que seguiremos con austeridad, control del gasto, equilibrio presupuestario, bajada de impuestos y fe en la libertad de los ciudadanos, que conocen mucho mejor sus necesidades que cualquier burócrata y político. Libertad para elegir, médico, enfermera, hospital, colegio y tipo de educación para sus hijos", adelantó Aguirre "antes de tenderle la mano a la oposición" y pedir diálogo y no confrontación.
La presidenta se reafirmó también en algunas promesas de campaña, como la subasta pública de suelo para industrialización, un nuevo contrato de hipotecas, la excelencia en la educación y recortes del gasto público en ítems como coches oficiales, alquileres y liberalización de distintos sectores.
Esperanza Aguirre abogó además por la "creación de una comisión mixta presidida por mí misma, para determinar con claridad las competencias de los ayuntamientos y la Comunidad en la prestación de servicios a los ciudadanos, para evitar duplicaciones y dejar muy claras sus funciones".
Buena parte de la oratoria final de la presidenta estuvo dedicada a la educación, donde defendió su propuesta de bachilleratos de excelencia, se vanaglorió del sistema de enseñanza bilingüe instalado en gran parte de los colegios públicos y anunció un refuerzo en ese sentido con la contratación de profesores nativos, la valoración del conocimiento de inglés a la hora de ingresar a la función pública, y la posibilidad de realizar postgrados universitarios en lengua inglesa.
Otra de los anuncios de su discurso fue la puesta en marcha de una “factura sanitaria informativa”, o lo que comúnmente se llama “factura en sombra”, una nota estrictamente informativa que se entregará al paciente y mediante la que conocerá el coste de su tratamiento. Esta iniciativa, que pretende contribuir a “un uso racional y responsable” de los servicios sanitarios, está promovida expresamente por el Ministerio de Sanidad y ya se está haciendo en otras comunidades como Andalucía, Navarra o Valencia.
En lo que respecta a la política de vivienda, Aguirre anunció que el IVIMA ofrecerá la posibilidad de adquirir los pisos que ahora se hallan en situación de alquiler a sus inquilinos, de manera que puedan convertirse en propietarios.
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