El salario de 400 trabajadores del hospital Puerto de Hierro y de casi un centenar de la Jiménez Díaz
La consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lleva años pagando empleos privados que debían haber pagado las concesionarias a las que ha adjudicado servicios sanitarios. Es el caso de los salarios de 400 trabajadores del hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, cedido a una UTE formada por Dragados, ACS, Bovis Lend Lease y Sufi, y de cerca de un centenar de trabajadores del centro de especialidades de Argüelles, en la calle Quintana de Madrid, gestionado por la Fundación Jiménez Díaz, propiedad de la empresa Capio.
Encierros en la mayoría de los hospitales madrileños
Es una irregularidad que pretende solventar ahora con la puesta en marcha de lo que el Gobierno de Ignacio González llama “externalización de servicios no sanitarios” y que en realidad es dejar en manos privadas un gran número de servicios de los hospitales. El proceso ha empezado por el de Puerta de Hierro, ubicado en Majadahonda, y va en la misma línea de las privatizaciones ya realizadas por Esperanza Aguirre en hospitales inaugurados durante su mandato.
El anuncio, ayer, del inicio de la privatización ha coincidido con encierros de 24 horas de los trabajadores de la Sanidad en la mayoría de los hospitales públicos madrileños a los que se han sumado algunos centros de Atención Primaria, contra el plan de González. El próximo 17 de febrero hay convocada una nueva manifestación.
Huelga en el hospital Puerta de Hierro
Hoy, el hospital Puerta de Hierro vive una huelga por el despido de 400 trabajadores de servicios no sanitarios. Estos servicios (lavandería, administración, limpieza, mantenimiento…) serán asumidos por las adjudicatarias privadas. Sanidad recolocará en otros hospitales a los 220 fijos, pero despedirá a los 180 interinos.
La Consejería ha pagado durante cuatro años
Sanidad ha estado pagando desde 2008, cuando adjudicó a la UTE formada por Dragados, ACS, Bovis Lend Lease y Sufi la construcción del edificio y su gestión durante 30 años, los sueldos de esos 400 trabajadores y a la vez ha estado pagando un canon anual, con lo que ha estado pagando doble esos salarios. Ahora el Gobierno de González reclama ese dinero a la concesionaria, 7,9 millones de euros. Pero no lo tendrá fácil, porque la gestora privada no está de acuerdo con esa cifra.
Lo mismo ha pasado durante cuatro años con los salarios de cerca de un centenar de trabajadores del centro de especialidades de Argüelles, en la calle Quintana de Madrid, gestionado por la Fundación Jiménez Díaz, propiedad de la empresa Capio Sanidad.
Un acuerdo verbal, del que no existe prueba documental
En este caso se trata de 98 profesionales, entre médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, celadores, administrativos, entre otros, que trabajan bajo la gestión de Capio, pero han cobrado de la Administración. Preguntada por el diario El País sobre estos pagos, desde la consejería de Sanidad ha afirmado que se trata de un acuerdo verbal, por lo que no existen documentos que acredite el acuerdo. Un portavoz de Capio, también citado por El País, precisó que Sanidad le resta un millón de euros del canon anual por esos trabajadores.
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