MADRID // No van a construir hospitales con donaciones. Tampoco van a atender a los inmigrantes indocumentados en el salón de su casa. Van a seguir utilizando los recursos de la Sanidad Pública, desde las consultas hasta los mostradores de recepción. Cientos de médicos están tejiendo una red alternativa dentro del sistema público de salud para desobedecer las directrices del Real Decreto-Ley 16/2012 y seguir atendiendo a los ‘sin papeles’.
¿Cómo lo harán? “Atendiéndoles aunque no tengan tarjeta sanitaria y buscando trucos para recetar medicamentos sin que tengan que pagarlos”, ha explicado Juan Luis Ruiz-Giménez, uno de los impulsores de la iniciativa, durante la presentación de la plataforma Yo sí Sanidad Universal. Para asesorar a los interesados y explicar los pasos a seguir, han publicado toda la documentación necesaria en su página web.
El objetivo es crear un grupo de desobediencia en cada centro de salud, con médicos, enfermeros y administrativos. La campaña trata de extender a todos los profesionales la iniciativa que, centrada en la atención primaria, arrancó la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC).
La nueva campaña, impulsada por 120 profesionales, ha recibido ya cerca de 2.000 firmas de adhesión en su página web. A diferencia de otras propuestas, no se trata de firmas de apoyo, sino de declaraciones de desobediencia. “Es importante que se firme antes de practicar la desobediencia: Te protege porque lo has hecho público y ahí expones tus motivos. Aunque no podemos garantizar que el Gobierno no vaya a tomar alguna represalia”, señala Ruiz-Giménez.
La plataforma denuncia que, con el Real Decreto-Ley 16/2012, “el Gobierno arrebata a los ciudadanos un derecho universal y sienta las bases para la futura exclusión de otros colectivos”. “La sanidad deja de ser un derecho y pasa a ser un servicio que prestamos en función de si se dan las circunstancias. Se ha cambiado el modelo. Y una vez que se ha hecho el cambio de modelo, la línea roja la pueden poner donde quieran”, ha advertido otra de las portavoces, Marta Malo, con la vista puesta en cientos de miles de españoles que podrían quedar excluidos en el futuro.
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