La Comunidad paga 1,8 millones de euros para que una firma privada supervise a las contratas
2011-12-01
La empresa de consultoría Gerens Hill Internacional, especializada en el ámbito de la construcción, y más concretamente en asistencia técnica, análisis de riesgos y gestión integral de obras, es la encargada de supervisar a las concesionarias de los nuevos hospitales. La Comunidad de Madrid le ha adjudicado el contrato de "servicio de apoyo técnico a la unidad técnica de control encargada de monitorizar los contratos de concesión de obra pública de siete hospitales de la Comunidad de Madrid" por 1,8 millones de euros durante dos años. Fue la única oferta que se presentó. Esta empresa lleva desde 2007 realizando este servicio para la Consejería de Sanidad.
Los siete hospitales públicos de gestión mixta público-privada que supervisará Gerens son Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Cristina (Parla), Henares (Coslada), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Sureste (Arganda) y Tajo (Aranjuez). Todos ellos fueron inaugurados prácticamente a la vez en 2008. Su construcción y puesta en marcha se llevó a cabo mediante una concesión administrativa: la Comunidad de Madrid encomendó a varias empresas la construcción de los edificios y la gestión de todo menos lo estrictamente sanitario: administración, limpieza, restauración, mantenimiento, esterilización... Las empresas, UTEs lideradas por constructoras, son propietarias de los edificios y gestionan todos los servicios. Su control, si lo hacen bien o mal, si cumplen las condiciones o si subsanan a tiempo los errores, está también en manos privadas.
La viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, firma la adjudicación el 24 de octubre pasado. Pese a que el concurso ofrecía 2,4 millones de euros, finalmente el importe total es de 1.840.824 euros. Este año la empresa solo recibirá 25.567, porque el contrato entra en vigor el 21 de diciembre próximo. Otros 920.412 euros se le pagarán en 2012 y 894.845 en 2013. "Las características de la proposición del adjudicatario que han sido determinantes de la adjudicación a su favor" son, según el documento, que "es la única oferta presentada y se ajusta a las condiciones del pliego".
El nuevo modelo de gestión hospitalaria puesto en marcha en los últimos años consiste en que la Comunidad paga un alquiler anual a las empresas constructoras, de forma que se convierte en inquilina de sus propios hospitales durante 30 años. Las UTE que construyeron los edificios gestionan todos los servicios no sanitarios: seguridad, residuos, conservación de viales y jardines, lavandería, transporte interno, etcétera. Y explotan la parte comercial: tiendas, máquinas expendedoras, cafetería y comedor, aparcamiento, teléfono y televisión en las habitaciones. El coste del alquiler, el canon anual que paga la Comunidad por estos servicios, asciende a 138 millones de euros en 2011
Pregunta de los socialistas en la Asamblea
El grupo parlamentario socialista lleva mañana a la comisión de Vigilancia de las Contrataciones una pregunta sobre este contrato de consultoría. "Me preocupa que una empresa cuya actividad principal es asesorar a las empresas constructoras sea la que vaya ahora a vigilar si cumplen", asegura la diputada socialista Helena Almazán. "Además, es un trabajo que deberían realizar los propios funcionarios de la Consejería de Sanidad, y no una empresa privada. La misma, además, que lo ha estado haciendo hasta ahora, cuando es una tarea que cualquier otra consultora podría llevar a cabo", añade.
La empresa que gana el concurso para "monitorizar los contratos de concesión de obra pública" de siete de los nuevos hospitales debe prestar apoyo a la Administración para "la supervisión en cuanto al correcto y continuo funcionamiento de los servicios no sanitarios que deben prestar las sociedades concesionarias", asegura el pliego de condiciones técnicas. El trabajo consiste en controlar "la disponibilidad y calidad" de los servicios privatizados y dar apoyo a la Unidad Técnica de Control.
En mayo pasado, la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España (Seopan) envió una carta al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en la que alertaba del "colapso" de las concesiones de los nuevos hospitales si la Comunidad no les pagaba 80 millones de euros que consideraba que les debía y aumentaba el canon anual en otros 9,2 millones de euros.
Apenas nada se sabe de la Unidad Técnica de Control que supervisa los nuevos hospitales desde su inauguración. El control se realiza mediante una aplicación informática llamada SIGI (Sistema de Información de Gestión de Incidencias) que, a partir de casi 300 indicadores, permite calcular cuánto descontar del canon por deficiencias en limpieza, lavandería... Estos fallos, y sus correspondientes sanciones, son información que la Comunidad no considera pública y que no se puede consultar. Este periódico la ha solicitado en múltiples ocasiones, sin éxito. También lo ha hecho el grupo parlamentario socialista, sin éxito. Sanidad aseguró hace unos meses que la calidad del servicio en 2010 fue "elevada" y que apenas restó dinero del canon. Una portavoz ha declinado hoy comentar el asunto y se ha remitido a las declaraciones que pueda hacer hoy el portavoz de la Comunidad de Madrid en la Asamblea.
