¿Está el marido de la delegada del Gobierno de Madrid en busca y captura? ¿Es un ladrón, prófugo de la Justicia? ¿Es que acaso la responsable de mandar a la Policía en Madrid duerme con un delincuente? Esta supuesta noticia es constante en las redes sociales y se ha convertido en la crítica más habitual y feroz contra Cristina Cifuentes. Sin embargo, de todos los motivos por los que se puede cuestionar el trabajo de la delegada del Gobierno, éste es sin duda el más injusto. La verdad es muy distinta y el escándalo es otro: que un asunto personal se haya convertido en motivo de cruel crítica política.
El marido de Cifuentes se llama Francisco Javier Aguilar Viyuela. Es arquitecto y durante años fue dueño de un estudio de arquitectura donde daba empleo a varias personas. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, igual que otras muchas empresas del ramo, este estudio comenzó a acumular varios impagos: facturas abultadas de constructoras que habían contratado servicios que después no podían o no querían pagar. Entre otros cobros pendientes, el marido de Cifuentes tiene en los juzgados un importante impago que le adeuda la empresa Dimora Gestión, del grupo Nozar. Ya ha ganado en primera y segunda instancia y le deben unos 350.000 euros, que no se sabe si cobrará algún día.
Tras muchos meses renqueando, la empresa del marido de Cifuentes acabó en el cierre, ahogada por los impagos de las constructoras. El arquitecto despidió a sus trabajadores pactando la indemnización con todos ellos salvo con uno, que le demandó en los tribunales. La sentencia –que es civil, no penal– le ha dado la razón al trabajador y ha condenado a Francisco Javier Aguilar a pagar 45.085 euros a su exempleado. No los tiene, y por eso ha acabado embargado. El empleado recibirá su indemnización por despido de la parte proporcional de la herencia del marido de Cifuentes –cuando su madre fallezca– y del dinero que debe Dimora Gestión al estudio, si es que algún día llega a cobrar.
Durante el juicio con este empleado, en marzo del año pasado, el juzgado mandó una notificación a la empresa del arquitecto Francisco Javier Aguilar para citarle en el acto de conciliación. Sin embargo, el estudio ya estaba para entonces cerrado, así que la notificación no llegó a su destino porque la oficina estaba vacía. Así que el juzgado, en vez de enviarlo al abogado, publicó su nombre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por encontrarse en “ignorado paradero”. Al descubrir que aparecía en el boletín, Francisco Javier Aguilar se puso en contacto con el juzgado y dio la dirección de su domicilio, donde ha recibido todas las notificaciones posteriores.
Que alguien esté en “ignorado paradero” solo significa eso: que en ese momento el juzgado, o la Administración (pasa igual con las multas de tráfico), no sabe dónde se encuentra la persona a la que busca. Pero ni el marido de Cifuentes está en busca y captura, ni es un delincuente fugado ni desde luego merece que se persiga a su mujer, la delegada del Gobierno, por esta anecdótica historia –han llegado a aparecer carteles de esta guisa en las farolas de su barrio–. Que el estudio de su marido haya quebrado no es tampoco un hecho que tenga relación alguna con el trabajo de Cifuentes: por desgracia, es una situación por la que han pasado muchos más empresarios en estos años de crisis. Hay razones para criticar la política o las decisiones de la delegada del Gobierno en Madrid, pero desde luego ninguna de ellas tiene que ver con este bulo tantas veces exagerado.
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