La Ciudad de la Justicia, en liquidación: El acto de inauguración de Aguirre costó más de un millón de euros de dinero público. Pero el servicio jamás se hizo público.

El Instituto de Medicina Legal es la única sede construida de las 15 previstas en el macroproyecto judicial de Valdebebas, un complejo aparcado por la Comunidad

La Ciudad de la Justicia, un macroproyecto de 500 millones y 15 edificios judiciales emblemáticos, no se construirá. El Gobierno del PP, 11 años después de anunciar por primera vez su edificación, admite ahora que la sociedad que la iba a gestionar “está en proceso de disolución y liquidación”.

 

Como rastro de la idea fallida queda solo, en mitad de un erial y a escasos metros de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Instituto de Medicina Legal. Este edificio, conocido popularmente como donuts por su forma esférica con un agujero central, está vacío y vigilado 24 horas al día. El arquitecto que lo diseñó, Alejandro Zaera-Polo, abandonó el proyecto por falta de presupuesto. Costó 19,3 millones de euros y lleva más de tres años sin uso.

 

“En el horizonte de 2007, la Ciudad de la Justicia será una realidad”, anunció en diciembre de 2004 el entonces consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. El plazo de finalización de todo el conjunto, con sus 15 edificios, también estaba marcado: 2015.

 

Pero ese momento nunca llegará. La Comunidad de Madrid posterga desde 2010 las actuaciones necesarias para acabar la Ciudad de la Justicia. La liquidación de la sociedad encargada de la gestión está, incluso, pendiente desde entonces. La auditoría también requerida se anuncia desde 2012 sin que se haya conocido hasta la fecha. La oposición critica, además, que las cuentas del macrocomplejo inconcluso no se han publicado desde 2009. Mientras tanto, el donuts aguarda en medio de un erial de Valdebebas por donde corretean los conejos, con vigilancia privada permanente, cuyo coste la Comunidad tampoco detalla. La viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas, Elena González Moñux, aseguró el 8 de octubre de 2013 en la Asamblea de Madrid, que “desde agosto-septiembre de 2012, la sociedad no cuenta con ningún trabajador”. Pero los presupuestos de 2013 incluían 26.155 euros en gastos de personal, más otros 50.000 en servicios de profesionales independientes. Casi 80.000 euros para un edificio vacío. Hay previstos otros 20.000 en 2014.

 

En febrero de 2012, y ante la dificultad de llevar a cabo el proyecto original, la Comunidad decidió rescatarlo con menos ínfulas. Aparecieron las calificaciones de “austero, racional y sostenible en el tiempo”. Las instalaciones serían más modestas, alejadas de los 20 millones de euros previstos para los juzgados de guardia o de los 120 millones de los juzgados de lo penal. La gestión sería privada. La Consejería de Presidencia y Justicia anunció la convocatoria de un concurso para la construcción y gestión del futuro campus por unos 33 millones de euros anuales, precio similar al coste que soporta la Comunidad por el arrendamiento de la mitad de las sedes judiciales en la capital.

 

González Moñux aseguró en octubre que el informe de la auditoría llegará en breve. Indicó que la documentación está preparada y que, una vez aprobadas las cuentas, se presentará un expediente de liquidación a la Intervención de la Comunidad de Madrid. En mayo de 2012 el PP ya anunció una “radiografía exacta de las cuentas” que la oposición sigue reclamando. “Nos han engañado con la Ciudad de la Justicia como ahora nos quieren engañar con la justicia gratuita”, reprocha Libertad Martínez, diputada de Izquierda Unida.

 

“La historia de esta entidad puede servir para ilustrar el derroche que han significado los Gobiernos de Esperanza Aguirre”, mantiene Elvira García Piñeiro, diputada de UPyD en la Asamblea de Madrid. Recalca que, desde que se anunció su liquidación, el PP no ha ofrecido ninguna explicación sobre el destino de su patrimonio y sus deudas. “Se ha eludido cualquier tipo de fiscalización y las cuentas no se han presentado ni en el Registro Mercantil desde 2009 ni ante la Cámara de Cuentas”, puntualiza. Este último organismo indicó en su informe de 2011: “No se ha podido valorar la necesidad o no de la dotación de la provisión relativa al Campus de la Justicia, ya que sus cuentas, como viene repitiéndose ejercicio tras ejercicio, no han sido rendidas”.

 

Dentro de los descuadres que ha encontrado este grupo político está la reducción del inmovilizado material. En 2012 era de 74 millones de euros y en 2013 descendió a 21 millones. “No sabemos a qué se ha debido la desaparición del inmovilizado material en cuantía tan alarmante”, sostiene.

 

 

Una primera piedra de 1,4 millones

 

La ceremonia de colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia, en enero de 2007, no fue un fasto austero. La factura ascendió a 1,4 millones de euros en una presentación que reunió a las autoridades de la Comunidad de Madrid con los principales cargos de la esfera judicial.

 

La entonces presidenta, Esperanza Aguirre, auguró que aquel nuevo proyecto situaría “a los tribunales de Madrid a la altura de una región abierta y moderna”. El montante principal de aquella primera gran factura, que abonaron las adjudicatarias de la urbanización del terreno, correspondió a un montaje audiovisual en 3D, 902.000 euros. Se concibió para presentar ante distintos rincones del mundo (se proyectó en Cannes, Barcelona o Nueva York) la magnificencia de un proyecto que aunaría a los mejores arquitectos del mundo.

 

Norman Foster, autor de la cúpula del Parlamento alemán de Berlín o de la Torre del Milenio de Londres, era el encargado de los “buques insignia”: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial. La arquitecta británico- iraquí Zaha Hadid —primera mujer con un Pritzker (Nobel de Arquitectura) y autora del teatro de la Ópera de Cardiff (Reino Unido)— debía diseñar la sede de los Juzgados de lo Social. El único nombre que finalmente ha quedado del malogrado macroproyecto es el de Alejandro Zaera-Polo, autor de la terminal de pasajeros del Puerto de Yokohama.

 

Empezó a construir el Instituto de Medicina Legal a finales de 2007 y lo abandonó sin terminar un año después por “falta de financiación” y por “agravios comparativos” con el resto de edificios previstos, que tenían presupuestos muy superiores al suyo. Zaera-Polo pidió expresamente “desligar” su nombre de la obra. El edificio, que terminó el estudio de arquitectura EACSN, es el único vestigio de la Ciudad de la Justicia, levantado en mitad de un secarral.

 

ccaa.elpais.com/

 

La Comunidad de Madrid prescinde de las 9 psicólogas que atienden el teléfono 012 Mujer

El pliego de condiciones no obligaba a la nueva contrata, Sertel, a subrogar a las psicólogas. Algunas llevaban desde 2006 atendiendo a víctimas de maltrato. Las afectadas denuncian que el servicio de asesoría que prestan ahora es "incompleto"; La empresa asegura que el nuevo equipo es "diligente" y "profesional". Entre las despedidas hay una trabajadora que está embarazada, una de baja maternal, y una tercera con reducción de jornada por cuidado de menores.

La empresa que gestiona el teléfono 012 de la Comunidad de Madrid ha prescindido del equipo completo de nueve psicólogas que realizaba las labores de asesoría de mujeres víctimas de la violencia de género. Las afectadas denuncian que, con fecha 20 de noviembre, la nueva empresa concesionaria del 012 —Sertel— les comunicó que no iban a ser subrogadas, quedando sin trabajo, sin indemnización y sin derecho a subsidio.

"Hemos intentado que la Comunidad de Madrid nos explique por qué nos nos quieren. Pero la consejería de Presidencia, de la que depende el 012, no ha respondido a nuestras dos cartas".

Aprovechando la celebración del día mundial para la erradicación de la violencia contra la mujer, el equipo de psicólogas denuncia que desde que dejaron de prestar ellas el servicio, el 012 ha descuidado la atención a las maltratadas y a sus familiares. "Hemos comprobado que muchas veces no cogen el teléfono, y si lo cogen es para derivar a las víctimas o a sus familiares a otros recursos específicos". Las nueve psicólogas critican que la Comunidad de Madrid haya permitido que la concesionaria del servicio prescinda de una mujer estando de baja por maternidad, de una embarazada, y de una trabajadora con reducción de jornada por cuidado de menores. Críticas al servicio actual Las afectadas denuncian, además, que la concesionaria ha buscado nuevo personal para el 012 Mujer mientras deja en la calle a "nueve profesionales que llevan siete años en el servicio, que tienen formación específica en violencia de género".

La Comunidad de Madrid explica que, en efecto, la nueva contrata no tenía obligación de subrogar a las psicólogas del 012-Mujer. "El convenio estipula que debe mantener el 90% del personal del 012 entero, y ese punto lo cumple".

 

Según su versión, la empresa ofreció a alguna de las psicólogas un nuevo contrato al que ellas renunciaron, tal y como explican a 20minutos, porque "las condiciones nuevas eran infinitamente peores. Nos lo quitaban todo", aseguran. Hasta ahora las psicólogas habían pasado por tres distintas concesionarias, con la fórmula de la subrogación, sin que hubiera habido conflicto. Desde Sertel, la empresa del 012, han explicado que el nuevo pliego de condiciones de la Comunidad no exigía esta vez la subrogación directa, sino la oferta laboral de acuerdo a convenio. Una oferta que las nueve psicólogas no aceptaron. Sertel defiende que el nuevo equipo que presta el servicio de atención a las víctimas de violencia de género realiza su labor "con la máxima profesionalidad y diligencia". Este verano, la consejería de Asuntos Sociales informó a los medios de que en la primera mitad del año más de 3.000 personas habían llamado al 012 pidiendo información y asesoría psicológica, dentro del Programa de Información a la Mujer. Este lunes, el propio presidente regional Ignacio González recordaba que el primer paso para salir de la espiral de los malos tratos es marcar el 012.

20minutos.es/

 

Campo de golf de Puerta de Hierro: terrenos públicos de uso privado

Una concesión a dedo entrega al Real Club más de cinco hectáreas de terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa y al margen del Plan de Ordenación Urbana.

 

Golf en Puerta de hierro. El club ya cuenta con dos recorridos de 18 hoyos a los que sumarán más terrenos y nueve hoyos

 

Cuando se intenta acceder a la web del Real Club de Golf Puerta de Hierro, una pantalla pide el número de socio y el DNI para ello. Lo mismo ocurre cuando uno se acerca a sus inmediaciones. Un club selecto y  exclusivo, asentado sobre un suelo que es Patrimonio Nacional y que ocupa 229 hectáreas. Pero esto no es suficiente, ahora está planeado que crezca un poco más, con la anexión de 5,4 hectáreas pertenecientes a la finca pública del antiguo cuartel militar de Buenavista. Los dueños del club quieren añadir otro campo más de nueve hoyos. Y todo ello con la tala de 841 árboles.

 

“Este club fue el primero de Madrid y es una concesión de Patrimonio Nacional, cedido por Alfonso XIII, a principios del siglo XX. Ahora, con la ampliación, cinco nuevas hectáreas de patrimonio público se vuelven a regalar a una entidad privada, sin darle publicidad, parecido a lo que hizo antaño el rey”, relata Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, quien añade que el proyecto ha salido a información pública cuando ya estaba autorizado. “Ha sido una cesión a dedo. Para autorizar el otorgamiento de suelo público hay que dar publicidad para que se presenten todas las entidades interesadas”. Es entonces cuando la portavoz de Ecologistas en Acción añade un dato: “Hasta que fue nombrado ministro de Defensa, el presidente del Real Club de Golf era Pedro Morenés. Curiosa­mente, los terrenos que se quieren anexionar son una concesión del Ministerio de Defensa”, subraya.

 

Además, y tal y como destaca Raúl Urquiaga, portavoz del Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama), la ampliación es contraria al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. “El uso del suelo no coincide con el previsto en el plan que lo recoge como suelo de uso público. En esta zona no se puede dar un uso deportivo intensivo”, sentencia. “En el momento en el que se haga pública la Evaluación de Impacto Ambiental positiva, lo vamos a recurrir a los tribunales”, advierte.

 

Además, 841 árboles, en su mayoría pinos piñoneros de más de 35 años, serán arrancados del lugar. “Se saltan también la legislación sobre la protección de arbolado urbano”, destaca Urquiaga. Y todo porque, según recoge la ley, en caso de ser necesario efectuar talas, se debe plantar un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol eliminado para compensarlas.

 

Así, y sólo en el caso de los pinos, se deberían plantar más de 26.000 ejemplares. En el proyecto presentado se prevé una plantación de 513 pinos más 2.900 pies de distintas especies sin especificar. “Los árboles cumplen una función muy importante en la ciudad”, destaca Nieto, que se lamenta de esta gran pérdida mientras añade otro impacto asociado al golf: el elevado uso de recursos hídricos.

 

En concreto, y según datos de las organizaciones ecologistas, este campo de golf consume anualmente la misma cantidad de agua que todo el municipio madrileño de El Boalo (6.200 habitantes). El campo de Buenavista añadiría 52.000 m³ por año al total empleado en todas las instalaciones del club.

 

En la Comunidad de Madrid hay un total de 31 campos de golf que, según los datos recabados por las organizaciones, tienen un consumo de agua de 16,33hm³, similar al de una población de 278.000 habitantes. Además de su elevado consumo de este recurso, muchos de ellos nacieron de la mano de la polémica, por suponer concesiones de suelo público. “Este campo de golf está siguiendo los mismos pasos que el resto de campos de Madrid, muchos de ellos asentados sobre la ilegalidad”, sentencia Urquiaga.

 

Por otra parte, el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo concluyó que el campo de golf situado en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II no era legal, pues no cumplía los requisitos administrativos para ser declarado de interés general, artimaña que utilizó Esperanza Aguirre para salvar el proyecto. A finales de mayo, el Supremo hacía lo propio con el campo de golf de El Encín, en Alcalá de Henares.

 

El Tribunal consideraba este campo de golf “contrario al ordenamiento jurídico”, porque, entre otras cosas, no se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Para el portavoz de Grama, la expansión del golf en la Comunidad de Madrid responde a la misma tónica. “La norma de los propietarios es hacer trampas y la norma de la Comunidad de Madrid es hacer la vista gorda e incluso cambiar la legislación”. Y, todo ello, “pensando en los intereses de un negocio privado y elitista que invade espacios públicos”.
 

Un espacio para políticos del PP y empresarios

En el Club de Golf de Puerta de Hierro se da cita la cúpula del Partido Popular. Ahora amplía sus instalaciones con cinco hectáreas de terrenos públicos ‘donados’ a este club selecto a donde acuden, por ejemplo, Florentino Pérez, Mariano Rajoy y familia, Miguel Arias Cañete, etc.

 Allí, al lado del campo de golf, residían hasta el año pasado medio centenar de familias humildes que perdieron su casa para que los golfistas tuvieran mejores vistas. Al menos de 52 viviendas fueron derribadas, aunque algunas de esas casas contaban con protección judicial contra el derribo. Las familias que residían en el poblado de Puerta de Hierro llevaban asentadas en esos terrenos desde 1961. Ni las denuncias de Amnistía Internacional ni las protestas del 15M sirvieron para evitar que esas familias se quedaran en la calle.

diagonalperiodico.net/

 

Grave impacto en la flora y fauna de San Martín de la Vega: Talar 3.860 olivos para hacer un campo de golf

El Ayuntamiento de San Martín de la Vega pretende talar cientos de árboles para hacer un campo de golf con fondos públicos para uso privado. Mientras, este mismo municipio desmonta la línea de tren de cercanías entre Pinto y San Martín de la Vega.

 

 

El Ayuntamiento de San Martín de la Vega (20.000 habitantes), en Ma­drid, tiene previsto construir un campo de golf, para lo que talará 3.860 olivos de grandes dimensiones. La alcaldesa del municipio, Carmen Guijorro (PP), firmó en marzo con la Federación de Golf de Ma­drid un acuerdo por el que se construirá un campo de golf que se levantará sobre un terreno público y cuyo uso será privado, sólo para federados. Al proyecto, que se encuentra aún en fase de evaluación ambiental, se oponen diversos colectivos ecologistas y ciudadanos, que han presentado alegaciones contra el mismo.

 

Entre estas organizaciones, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (Arba), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama) y Jarama Vivo.

 

Las instalaciones del futuro campo de golf, de 18 y 9 hoyos, se ubicarán en una finca de 60 hectáreas situada junto al complejo de ocio de la Warner y lindando, al nordeste, con el Parque Re­gional del Sureste.
 

Ley del Arbolado Urbano

El olivar que se talará para la construcción del campo de golf cuenta con una antigüedad documentada de 57 años, y se estima que cada ejemplar supera los 60 años de edad. Por ello, según la propia ley de la Comunidad de Madrid, 8/2005 de Protección del Arbolado Urbano, si se eliminan los 3.800 olivos adultos en terreno urbano, se deberán plantar tantos árboles como años tuvieran en su conjunto, lo que, según los cálculos de las organizaciones denunciantes, un total de 220.000 árboles en el mismo espacio.

 

Sin embargo, “el estudio de impacto ambiental de los promotores no especifica qué van a hacer con los 3.800 olivos, ni con el pinar de dos hectáreas, cuyos pinos también van a talar, en los terrenos donde quieren construir el campo de golf. En el informe se señala que existen estos árboles, pero no cuál será su final. No van a cumplir la ley de protección del arbolado”, señala a DIAGONAL Raúl Urquiaga, de Grama.

 

El proyecto del campo de golf de San Martín de la Vega no contempla poner aislamiento hídrico en la zona que desemboca en el embalse de Gózquez, una reserva de anfibios que se contaminará con los fitosanitarios del campo de golf

 

Pero, además, los pesticidas y fertilizantes que se usan en los campos de golf van a tener también consecuencias, “muy graves” según las organizaciones ambientales, sobre la flora y la fauna de la zona. “El proyecto del campo de golf de San Martín de la Vega no contempla poner aislamiento hídrico justo en la zona de la cuesta que desemboca en el arroyo que va al embalse de Gózquez. Este embalse es una reserva de anfibios de la Comunidad de Ma­drid, en concreto del sapo común, muy sensible a la contaminación de las aguas que almacenarán los fitosanitarios procedentes del campo de golf ”, afirma Urquiaga.
 

Reserva de sapos comunes

Estos anfibios cruzan la carretera de San Martín de la Vega a Perales del Río en otoño y muchos de ellos son atropellados. “Contamos con una de las comunidades más importantes de sapo común y sapo corredor de la península. Desde los distintos colectivos ambientales de la zona recogemos a los animales para ayudarlos a cruzar la carretera que los lleva al pantano desde la zona de la Marañosa, pero muchos son atropellados. Ahora van a morir por contaminación si no frenamos el campo de golf”, denuncia también Vicente García, de Ecolo­gis­tas en Acción de Valdemoro, municipio madrileño limítrofe con San Martín de la Vega.

 

Por su parte, una vecina de San Martín de la Vega, muy activa en la protección de los anfibios, relata a este medio que, además de los sapos, “hay avutardas, especie protegida, y también turones (hurones silvestres), que aparecen atropellados todos los días en la carretera. Nos vendieron el parque de ocio Warner como una bicoca, entonces con el PSOE en el Ayuntamiento. Ahora el PP quiere poner un campo de golf... Qué barbaridad, van a acabar con todo”, lamenta.

 

Este medio ha tratado de recabar la opinión de la alcaldesa popular de San Martín de la Vega, pero no ha sido posible.

 Para García, la alcaldesa promueve un proyecto especulativo y no tiene en cuenta las con­secuen­cias medioambientales: “El Parque del Sureste cuenta con una gran riqueza de especies, parece mentira que a las puertas de Ma­drid exista aún esta variedad y riqueza. Ade­más, ésta es una zona de gran valor arqueológico, con asentamientos visigodos y carpetanos, muchos destruidos para montar el parque Warner. Ahora la Comunidad de Madrid acaba de modificar la Ley de Patrimonio, precisamente para dar vía libre a este tipo de instalaciones, como, por ejemplo, Euro­ve­gas”, señala.
 

Desmontar lo público

Las organizaciones ambientales que denuncian el proyecto del campo de golf en San Martín de la Vega también llaman la atención sobre el desmantelamiento que está llevando a cabo el Ayuntamiento de esta localidad de la vía del tren de cercanías que comunicaba la localidad de Pinto con San Martín de la Vega. "El tren se puso en marcha para comunicar ambos municipios con ocasión de la Warner, ahora están desmontando las vías con el coste que supone y cuando ni siquiera ha llegado a funcionar ni 10 años", dice García. La línea entre Pinto y San Martín de la Vega fue inaugurada por Alberto Ruiz Gallardón en abril de 2002, un mes antes de la apertura de la Warner, con una inversión de dinero público de 85 millones de euros.

 

Estos colectivos denuncian también el consumo exagerado de agua que supondrá el campo de golf, aunque en el proyecto, explican, las cifras han sido maquilladas. "El proyecto presentado prevé un consumo de agua de 317.000 m3/año, una cantidad un 39% inferior que si se calculase el consumo siguiendo fielmente la metodología recomendada por el Canal de Isabel II para estas instalaciones". Además, las Normas Urbanísticas de 2006 califican los terrenos donde irá el campo de golf como zona verde para desarrollar dotaciones de parques y jardines, por lo que "no se deberían talar los 38.690 olivos sino conservarlos", afirman.

 

diagonalperiodico.net

El Tribunal Supremo tumba el 'minivaticano' de Rouco y Gallardón

La operación urbanística otorgaba al Arzobispado de Madrid 25.000 metros cuadrados de nueva edificabilidad, además de un parking de 200 plazas y viales de uso exclusivo

El Tribunal Supremo ha declarado "no haber lugar" para el recurso de casación" presentado por el Arzobispado y el Ayuntamiento de Madrid después después de que el TSJM diera la razón a la asociación Amigos de Las Vistillas anulando el minivaticano, el conjunto de equipamientos que se quería construir en los Jardines del Seminario Conciliar.

El Consistorio aprobó la modificación urbanística del Parque de la Cornisa en un primer momento. El TSJM dictó la anulación del acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2007, que daba luz verde a la ampliación del parque público con la idea de que superara los 37.000 metros cuadrados de zonas verdes, al que se uniría un poliderportivo para el disfrute de los vecinos.

Además, el Ayuntamiento podría construir otros dos edificios de uso público a espaldas de la catedral de La Almudena, mientras que el Arzobispado de Madrid dispondría de terrenos para la creación de oficinas y una biblioteca.

La sentencia del Tribunal Supremo, fallada el cinco de noviembre, "echa en falta el instrumento de protección del patrimonio histórico-artístico indispensable". "Más allá de la alteración de la estructura urbana o de que la alteración en su caso redunde en la mejora del conjunto se precisa la exigencia de dicho instrumento de protección", añade el TS, que destaca que la modificación puntual del planeamiento urbanístico "no resulta adecuada" para el cometido indicado. Por ello, el Alto Tribunal procede a desestimar los recursos de casación presentados por el Arzobispado y el Ayuntamiento. El Supremo ha acordado igualmente la imposición de costas procesales a los recurrentes en una cuantía que no podrá exceder los 5.000 euros.

Sentencia del TSJM

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) defendía en su sentencia que una intervención de las características que se pretendía en Las Vistillas sólo podía tener cobertura legitimadora "en un plan urbanístico protector y el que ha sido aprobado no tiene esa naturaleza, por lo que conduce a su anulación". Años atrás, el Gobierno regional aseguraba que todos los edificios que se construirían en esa zona se integrarían en el entorno "sin sobrepasar las alturas recomendadas y sin provocar impacto visual en el paisaje". En la misma resolución recordaban el elevado de grado de protección de la zona, con la muralla y la cerca de Felipe IV, el recinto histórico o el templo de San Francisco el Grande, declarados Bien de Interés Cultural.

25.000 metros cuadrados para edificar

La operación urbanística del minivaticano, iniciada hace más de una década, otorgaba a la Iglesia 19.000 metros cuadrados, que se sumaban a los 6.000 conseguidos en el mandato del conservador José María Álvarez del Manzano, en total, 25.000 metros cuadrados de nueva edificabilidad para el Arzobispado, más un parking de 200 plazas y viales para un entorno con edificios de uso exclusivo para la Iglesia.

Con la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a la Alcaldía, se revisó el convenio reduciendo la edificabilidad, pasando de 20.000 a 14.000 metros cuadrados, a lo que se sumó la cesión de suelo para la construcción de tres equipamientos públicos y una zona verde de 12.000 metros en el Parque de las Dalias. Ahora, el megaproyecto del cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de la archidiócesis de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha sido definitivamente desechado por la Justicia.

publico.es

MAREA BLANCA 17 Noviembre: Contra el cierre del Hospital Carlos III

Pedir la renuncia de la Alcaldesa de Madrid ANA BOTELLA, por el desgobierno de la ciudad con la complicidad del Gobierno Central.

Tu firma es importante ante la necesidad de que la alcaldesa de Madrid renuncie a la Alcaldía, hay muchas razones para que lo haga: a) Por su incapacidad de resolver los problemas de la ciudad; b) Por la incapacidad de solucionar el problema de los trabajadores de la limpieza; c) Por la posibilidad de que se produzca una epidemia (pandemia) contagiosa a raíz de la acumulación de basura en la ciudad; d) ante la incapacidad del Gobierno Central que poco le importa lo que está pasando en Madrid; Etc. Solicitamos la RENUNCIA DE LA ALCALDESA DE MADRID ANA BOTELLA y que se convoquen urgentemente nuevas elecciones. 

FIRMA LA PETICIÓN

Si quieres que la teleasistencia siga siendo gratuita en Madrid, firma esta petición

El padre de Carmen es dependiente y no puede permitirse pagar los 9 euros mensuales que le piden por el servicio de teleasistencia. Carmen ha iniciado una petición para reclamar que la teleasistencia siga siendo gratuita en Madrid. 

Si quieres apoyarla, FIRMA la campaña y COMPARTE: 

http://www.change.org/teleasistenciaMadrid 

Los sindicatos en EMT anuncian movilizaciones contra el deterioro del transporte en Madrid

LA GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA ARROJA PÉRDIDAS DE NUEVE MILLONES EN 2013 PESE AL AUMENTO DE TARIFAS

En diciembre se discute un convenio colectivo marcado por el anuncio del Ayuntamiento de recortes salariales y destrucción de empleo en la empresa de autobuses urbanos de Madrid.

El anuncio por parte del Ayuntamiento de la intención de rebajar los salarios de la plantilla en la Empresa Municipal de Transporte de cara al curso 2014 un 7%, y la publicación de un plan que incluiría el despido de 500 personas en una plantilla que supera los 8.000 trabajadores, cuenta con la oposición de los sindicatos en la EMT, pero la empresa no responde. DIAGONAL ha contactado con la EMT, que ha derivado la responsabilidad de la información publicada en diversos medios al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, sin embargo este regulador niega que haya ejercido ningún tipo de influencia en el problema planteado por el Ayuntamiento de Ana Botella en torno a las condiciones de la EMT: “No entramos para nada en las plantillas de las operadoras”, ha declarado a este periódico una responsable de prensa del Consorcio. Mamen Sancho, del Consorcio, reconoce que este organismo está al corriente de las pérdidas de nueve millones de euros declaradas por la EMT, pero insiste en que el Consorcio no interviene ni influye en esa deuda generada.

Antonio Rosas, del Comité de Empresa en la EMT por parte de la Plataforma Sindical, cree que los rumores acerca de la posible privatización de la EMT, son el trasfondo de los últimos anuncios generados en torno a una empresa que cuenta con más de 600 millones de euros en patrimonio, en el que se incluyen coches en propiedad, solares, locales cedidos al propio ayuntamiento y numerosas instalaciones. Las pérdidas anunciadas en los últimos años, se deben, a juicio de Rosas, a la pésima gestión del Ayuntamiento, y en ningún caso a la prestación de servicios.

El descenso de la demanda por parte de los usuarios, en cualquier caso, se ha visto acompañado de distintas subidas en el precio del transporte: desde el comienzo de la crisis en 2008, el abono A, que sirve para EMT y Metro ha aumentado doce euros, muy por encima del IPC armonizado. Por el contrario, las pérdidas de la EMT obedecen al capítulo de impagos por parte de la empresa de publicidad Publisistemas, que, según fuentes sindicales adeuda 8,7 millones de los nueve declarados como pérdidas. Asimismo EMT ha dejado de percibir dinero por trabajos auxiliares, como el control del carril Bus, que antes se facturaban al Ayuntamiento y que ahora se asumen como tareas de la empresa. También se contabilizan como pérdidas los ingresos no percibidos por la frustrada venta de unos terrenos donde se situaban las cocheras de Carabanchel Alto, para los cuales la EMT no ha encontrado comprador.

Por último, el pago de las nóminas a través de préstamos por parte de entidades financieras, derivado de los retrasos por parte de la Comunidad en el canon que se paga a la EMT, llamada “tarifa de equilibrio”, genera, según declara Antonio Rosas, un mayor gasto por los intereses bancarios. No obstante, el Consorcio Regional ha declarado a este periódico que se está siendo “muy puntual” en los pagos.

De nuevo el artículo 135

“Con la ley de estabilidad presupuestaria y con el artículo 135 [de la Constitución] que superpone el pago de la deuda a cualquier otra consideración, nos pueden ahogar; en tres ejercicios se pueden cargar la empresa”. Antonio Rosas denuncia una política que está orientando la gestión hacia las pérdidas, y explica que los sindicatos en EMT sospechan que se está incurriendo en la comisión de delitos como prevaricación, malversación y administración dolosa. Por eso, cree que la información que se ha facilitado sobre el estado de la empresa es falsa, “no se la creen ni borrachos”, subraya Rosas.

En este contexto, los recortes en plantilla y las rebajas salariales carecen de justificación, a juicio de este sindicalista, quien recuerda que en el último convenio ya se asumió una congelación salarial y que la pérdida del poder adquisitivo de la plantilla de autobuses se acentuó con la retirada de la paga extra de navidad de 2012, pese a que EMT es una sociedad anónima. Ahora, que toca negociar un nuevo convenio, Rosas explica que desde los sindicatos se va a plantear una “resistencia numantina” e ironiza sobre que “si nos tenemos que bajar los sueldos lo haremos cuando la señora alcaldesa cobre lo mismo que nosotros”. Una asamblea general de la plantilla el próximo 4 de diciembre, establecerá las condiciones de la movilización de la plantilla para defender sus condiciones de trabajo en un nuevo convenio sin recortes de sueldo ni de plantilla. Hasta entonces, la EMT tiene tiempo para aclarar una situación que parece dirigida a conducir a la empresa municipal de transporte por el camino de la privatización.

Nace Madrid en Transporte Público

Ante el "deterioro premeditado" del transporte público en la Comunidad de Madrid y la "estrategia de privatización a medio plazo" en  EMT, Metro, Cercanías y Autobuses Interurbanos, mañana, miércoles 13 de noviembre, se presenta en la estación de Cercanías de Atocha la campaña Madrid en Transporte Público. La cita, a las 10:30, estará orientada tanto a personas empleadas en el sector del transporte público como usuarios de este servicio. El objetivo es denunciar esa estrategia encaminada a un nuevo incremento del sector privado en la gestión y prestación de servicios, anunciada por el consejero de Transportes en torno a la elaboración de una Ley de Competitividad de Transporte en la región de Madrid y plantear un nuevo modelo de movilidad que priorice un modelo con menor consumo energético, menor coste económico, mayor equidad social, menor impacto ambiental y menor siniestralidad.

diagonalperiodico.net

Rebelión judicial en Madrid por los recursos contra la privatización de hospitales

• 35 de 46 magistrados de la Sala de lo Contencioso de este tribunal se mostraron en contra de que todos los recursos contra la externalización de seis hospitales sean analizados por esta instancia, controlada por un juez casado con una consejera de Cospedal
• La sesión plenaria se celebró el pasado 31 de octubre, un día después de que el PSM recusara al juez Gerardo Martínez Tristán por su relación de parentesco 

El presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no va a tenerlo fácil en su pretensión de que todos los recursos contra la privatización de la gestión de seis hospitales contruidos con fondos públicos en Madrid queden bajo su control sea cual sea el momento procesal en que se encuentren. 

En una reunión celebrada el pasado 31 de octubre, 35 de los 45 magistrados presentes –el pleno de la Sala de lo Contencioso de este tribunal está formado por 50– se mostraron en contra de que todos los recursos contra este proceso sean analizados por el pleno, una instancia controlada por Gerardo Martínez Tristán, según informó este lunes la Cadena Ser. Este magistrado, tal y como adelantó infoLibre, está casado con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento en el Gobierno castellano-manchego de María Dolores de Cospedal y hasta 2009 alto cargo del Ejecutivo madrileño. 

Este martes, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha ampliado que el encuentro fue muy tenso y que a lo largo de la sesión de escucharon gritos de "¡ilegal!" y quejas por la orden dictada por Martínez Tristán. Además, ha asegurado que se trataba de una reunión para "tomar posición" y que la votación no estaba en el orden del día. En este sentido, Gómez ha recordado que el PSM ha solicitado la recusación de Martínez Tristán porque entienden que "tiene vínculos con el PP". "No sólo tiene vínculos familiares, sino que además es una de las personas que está siendo impulsada por el PP para formar parte del Consejo General del Poder Judicial", ha señalado. 

En su escrito de recusación, los socialistas argumentaban que el parentesco de Martínez Tristán con García de la Calzada rompe la apariencia de imparcialidad y le inhabilita para el caso. "Se está contaminando algo que es de vital importancia para el futuro de los madrileños y los españoles, que es la seguridad del sistema sanitario público. El desmantelamiento y la privatización, que está en órganos judiciales en este momento, podría verse contaminado por promociones personales como la del señor Martínez Tristán", ha añadido. 

Otras fuentes conocedoras de la reunión han confirmado que el pleno estaba convocado para deliberar un fallo, si bien la cuestión de fondo no se abordó ante las quejas de los magistrados, que pidieron que no se resolviera nada mientras no haya una decisión en firme sobre la recusación contra Martínez Tristán planteada por los socialistas. La sesión en la que se llevará a cabo la votación tendrá lugar la semana que viene según han informado fuentes del PSM.  

Por otro lado, Tomás Gómez también ha pedido al PP que retire a Martínez Tristán de sus supuestas "quinielas" para el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

infolibre.es

Madrid abre la veda a la privatización de la cultura

La privatización de la gestión del teatro Fernán Gómez despierta las alarmas de los colectivos culturales.

“Pasamos de una cultura ya debilitada a una cultura de escaparate”. La ya anunciada privatización de la gestión del teatro Fernán Gómez ha despertado la alarma entre los trabajadores de la cultura madrileña, que ven en esta primera acción de la recién creada Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, nueva responsable de los espacios culturales de la ciudad, el modelo de gestión que el Ayuntamiento se plantea aplicar a prácticamente todos los espacios teatrales, salvo el Español, y que podría tener como siguientes objetivos el Circo Price y el Centro Cultural Conde Duque. “Esto es el principio de un modelo a seguir”, advierte Daniel Están, delegado en el Fernán Gómez de la Unión de Trabajadores de Madrid Arte y Cultura (UTMAC).

“La cultura pública no existe y menos si significa derroche, es una tomadura de pelo”, afirmó en una entrevista con 'El Cultural' Fernando Villalonga, exconcejal del área de Las Artes y responsable, hasta hace pocos días, de Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, anticipando la política cultural que ya se empieza a percibir. La inclusión del término “negocio” en el nombre de la nueva empresa municipal, nacida con la fusión de la anterior gestora de espacios culturales Madrid Arte y Cultura (MACSA) y Madrid Visitors & Convention Bureau, encargada de promocionar la ciudad a nivel internacional, y a la que se unirá en enero Madridec, da pistas sobre dónde se va a poner el acento en cuanto a la gestión de los espacios. “Lo que nos han dejado claro es que si el 1 de enero de 2015 esta empresa da pérdidas, automáticamente se liquida para cumplir con la ley de déficit cero”, explica un trabajador del área cultural de Madrid que prefiere que no se cite su nombre.

Uno de los nombres fuertes alrededor de la dirección de la empresa es el de Pablo del Amo, sin experiencia en el ámbito de la cultura, pero con amplio currículum en despidos a raíz de sus cargos como consejero delegado de Madridec, donde ha impulsado el ERE que afecta a la mitad de la plantilla –38 trababajadores– y como directivo de Repsol YPF, donde se llevó por delante a 25.000 trabajadores durante el proceso de fusión. En el apartado “Nueva visión y estrategia de la empresa” ya se expresa que el criterio será “no realizar ninguna actividad si no genera un ingreso equivalente por lo menos al coste real del servicio o actividad realizado”, mientras que en lo laboral ya se ha anunciado un ERE que afectará al 10% de la plantilla –alrededor de 50 trabajadores–, sin dar más explicaciones sobre qué centros serán los afectados. El expediente llega un año después del ERE en MACSA, por el que cerca de 40 técnicos fueron finalmente recolocados como conserjes de centros escolares.

Desde UTMAC explican que el problema que tienen los representantes de los trabajadores con los nuevos despidos es la falta de información prestada con la excusa de la nueva empresa pública. “La empresa no nos facilita información, ya que ni siquiera nos reconoce como representantes de los trabajadores. Dicen que como esto es nuevo, los representantes no somos nosotros. Pero eso habrá que verlo en un juicio”, afirma Están, quien anuncia que, tras seguir los protocolos, antes del 1 de enero irán a la inspección de trabajo “para que esta gente no deje sin representación a los trabajadores”.

Adiós, Fernán Gómez

“Dicen que necesitan externalizar la gestión porque no está funcionando un teatro que casi todos los días se llena”, señala Ana García D’Atri, portavoz de la comisión de Las Artes del grupo municipal del PSOE. La privatización del teatro Fernán Gómez se ha defendido desde el Ayuntamiento en base a su supuesto déficit de dos millones de euros, y en el que se incluyen gastos relacionados con los salarios de trabajadores que realmente no trabajan en este teatro. “La mayoría de sus técnicos prestan servicios a todos los teatros municipales. Han leído los datos de forma maliciosa para poder decir que no es viable y tener una excusa para privatizarlo”, explica Están.

Como ejemplo de su futuro funcionamiento, una vez privatizada su gestión, están los Teatros del Canal, dependientes de la Comu­nidad de Madrid y desde su creación en manos de Clece (grupo ACS), una empresa inicialmente dedicada a la limpieza de grandes espacios. “Aquí las condiciones de trabajo no son las peores –afirma Cleofé García, jefe de audiovisuales en Teatros del Canal–, pero se hace el máximo con el mínimo de recursos”. El 70% de la programación del teatro depende de la Administración pública, mientras que el 30% restante está en manos de la empresa privada para sacarle el máximo rendimiento. Mercadillos de arte flamenco, eventos sobre comercio digital o una cena espectáculo de la revista Telva son algunos de los actos incluidos en la parte de la programación que depende de Clece, que también gestiona el Paco Rabal, el Teatro de la Universidad Carlos III y el Centro de Humanidades de La Cabrera.

Movilizaciones en cultura

El pasado 5 de noviembre, una asamblea en el Círculo de Bellas Artes servía para concretar el nacimiento de la Plataforma por la Defensa de la Cultura, un grupo lleno de caras conocidas en donde se han aglutinado desde colectivos de trabajadores hasta empresarios del sector. Un punto de unión por lo pronto enfocado a la lucha contra el IVA del 21% y en el que, “dada su diversidad, a corto plazo es difícil que se concreten más objetivos”, señala Están.

Los ataques al sector cultural público han despertado especialmente la capacidad de organización por parte de los trabajadores de los teatros. En la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras del Espectáculo, nacida hace dos años, se agrupan el Sindicato de Guionistas Alma, Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos del Estado Español (TACEE), la Unión de Actores, CNT Gráficas y otros colectivos de trabajadores del área teatral y audiovisual.

“Todos los trabajadores del sector estamos entendiendo que debemos superar nuestra característica falta de comunicación y unirnos más allá de las luchas concretas o sectoriales para conformar un interlocutor lo suficientemente fuerte que haga frente al tsunami privatizador”, subrayan desde CNT.

diagonalperiodico.net

Ana Botella se compromete por contrato a echar a 131 familias de viviendas protegidas por 21 millones

Los chanchullos urbanísticos de la Botella: El Ayuntamiento de Madrid se comprometió por contrato a desalojar a 131 familias en cinco edificios de la Empresa Municipal de la Vivienda para poder venderlos vacíos a un grupo inmobiliario. El consistorio que dirige Ana Botella se comprometía a indemnizar a la inmobiliaria si no conseguía echar a los que define como "okupas".

El Ayuntamiento de Madrid se comprometió en un contrato a 
echar de sus casas a las 131 familias que disfrutaban de una 
vivienda protegida para vender cinco edificios a un grupo 
inmobiliario por 21 millones de euros. Así consta en el 
documento al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que la 
institución que dirige Ana Botella se compromete por 
escrito a “hacer sus mejores esfuerzos para liberar la finca 
de arrendatarios, iniciando tal acción desde el momento de la 
firma del presente contrato”.

El contrato compromete al Ayuntamiento a echar a los vecinos de 
sus casas porque establece una cláusula de penalización de entre 
31.848 euros como mínimo y 117.256 euros como máximo por 
cada vivienda que todavía esté habitada en el momento en que se 
produzca la venta, según consta en ese documento. 
El texto considera “okupas” a los inquilinos que puedan permanecer 
en sus hogares y establece una cláusula con la siguiente redacción: 
“Para las unidades que haya Okupas en el momento de la 
formalización de la compraventa, las partes establecen una 
penalización en el precio del 25% del mismo”.

 

El contrato de opción de compra viene firmado por el consejero 
delegado y apoderado de la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid (EMVS), Fermín Oslé, y los representantes del 
grupo inmobiliario Renta Corporación, especializado en la 
adquisición, rehabilitación y venta de inmuebles ubicados en lo 
que la misma empresa define como "localizaciones prime de grandes 
ciudades". Por mantener esa opción de compra, la inmobiliaria 
entregó al consistorio 300.000 euros y 63.000 más en 
impuestos y se comprometía a pagar hasta 21 millones de 
euros si el Ayuntamiento conseguía desalojar las viviendas. 

La Empresa Municipal no ha respondido a las cuestiones 
planteadas porVozpópuli pero una portavoz de Renta Corporación 
sí ha aclarado que la compañía recuperó ese dinero al dar por 
fallida una operación que se firmó en octubre del año pasado. 
"Al no cumplirse lo pactado en la due dilligence -explica el grupo 
inmobiliario- se renunció al contrato ante el conflicto social al 
que dio lugar y que podía generar".

Un proceso de venta no descartado

Renta Corporación ha renunciado ya a esa operación, aseguran 
fuentes de la compañía que añaden que "ya no hay ninguna 
conversación con el ayuntamiento". Sin embargo, el consistorio 
sigue a día de hoy intentando desalojar a esos vecinos, según 
denuncian algunos de ellos. Los inquilinos se han agrupado en un 
movimiento llamado "¡Yo no me voy!" que agrupa a las 131 familias 
que viven en esos cinco edificios y a otros 70 de otros bloques que 
denuncian situaciones similares. Según esos vecinos, a día de hoy 
algunos de ellos han dejado de recibir los recibos municipales como 
parte de lo que denuncian es una "maniobra municipal" que 
pretende declararles morosos para poder desalojarlos, denuncia el 
presidente de esa organización, Alberto Romeral. 

Los inquilinos aseguran que esas presiones para el desalojo continúan 
a día de hoy hasta el punto de que han recibido nuevas cartas 
instándoles a abandonar los pisos fechadas el pasado 10 de abril. 
Por ese motivo, han presentado una querella contra el Ayuntamiento de 
la capital por mobbing inmobiliario, que está pendiente de calificación por 
parte del ministerio fiscal. 

vozpopuli.com