Esto es un auténtico secreto a voces, los pagos grandes se fraccionaban para evitar dar explicaciones, archivarlos y pagar impuestos. Cualquiera que haya trabajado para la administración de Madrid sabe que es lo usual...
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miércoles, 25 de septiembre de 2013
El Gobierno de Aguirre fraccionó "de forma habitual" contratos con Gürtel para burlar la ley.
Desahuciar para pagar las deudas de Gallardón
Carlos Huerga
Ingeniero y Activista de la PAH Madrid
Ingeniero y Activista de la PAH Madrid
Últimamente es habitual encontrar noticias sobre desahucios ejecutados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Los últimos ejemplos que nos vienen a la cabeza son los desahucios de la calle Unanimidad o el fatídico caso de una vecina de Carabanchel que se suicidó tras recibir una carta de la EMVS que informaba de la no renovación de su alquiler a causa de una deuda de 900€.
Según estas informaciones, parecería que la EMVS es una entidad bancaria más. Sin embargo, la EMVS es “una sociedad anónima con capital 100% municipal —es decir, público— que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid”. Entre sus objetivos destaca el de “facilitar el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades”. La pregunta se hace evidente: ¿Por qué una entidad pública encargada de la política de vivienda y cuyo objetivo explícito es proteger a los grupos más vulnerables está desahuciando?
Para comprenderlo es necesario conocer en qué estado se encuentra esta empresa pública.
La EMVS es una de las tres mayores empresas públicas que gestiona el Ayuntamiento de Madrid, junto con “Madrid Espacios y Congresos” (Madridec) y la “Empresa Municipal de Transportes” (EMT). Su deuda asciende a 800 millones de euros, del total de 7.430 del Ayuntamiento de Madrid: es decir, cerca de un 10% del total de la deuda municipal. Esta deuda está siendo utilizada por el Ayuntamiento de Madrid para justificar su inviabilidad.
Como bien es sabido, el objetivo prioritario de las empresas públicas no es ser rentables, si no prestar un servicio público. Es lógico, por tanto, que muchas de estas empresas sean financieramente deficitarias. Aún así, conviene analizar el por qué de esta situación.
La deuda de la EMVS proviene del mandato del anterior alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia. Este alcalde fue famoso por sus faraónicos proyectos: soterramiento de la M-30, todas las infraestructuras construidas para las dos candidaturas olímpicas que se presentaron bajo su mandato, traslado de la sede del Ayuntamiento a la Real Casa de Correos, etc. Parte de la financiación de estos proyectos vino por la venta de terrenos del Ayuntamiento a la EMVS, a precios superiores a los del mercado. Un ejemplo son los terrenos de Valdecarros, que se vendieron en 2008 por 175’5 millones de euros, siendo el actual valor de esa parcela de 32,5 millones.
Estos datos dejan claro un punto muy importante: la deuda de la EMVS no proviene solamente de prestar un servicio social, ni es consecuencia exclusiva de la explosión de la burbuja inmobiliaria: viene del uso que desde el Ayuntamiento se ha dado a los recursos públicos que gestiona la esta empresa municipal. Es consecuencia de una gestión dirigida a fomentar grandes construcciones, en lugar de facilitar el acceso a la vivienda.
Hoy en día, la EMVS dispone de, refiriéndonos a vivienda en alquiler (datos de enero de 2013): 1.608 viviendas en arrendamiento libre (402 de ellas vacías), 3.595 viviendas protegidas (554 vacías) y 949 protegida con opción a compra (436 vacías). ¿Qué uso se está dando a este stock de viviendas vacías? ¿Tal vez viviendas sociales para esos grupos vulnerables a quienes la EMV debería facilitar acceso a la vivienda? No: se está vendiendo con el objetivo de subsanar deuda.
Dos han sido hasta hoy las iniciativas que han tratado de vender esta vivienda pública.
Noviembre de 2012: varios vecinos de cinco edificios de viviendas sociales recibieron una carta en la que se les informaba de que tenían que desalojar sus casas (todos los alquileres estaban próximos a su vencimiento). ¿Cuál era el motivo de estos desalojos? La EMVS quería vender los edificios a una empresa privada, Renta Corporación (vinculada al marido de María Dolores de Cospedal) por 21 millones de euros. 117 familias se vieron perjudicadas por esta operación. Finalmente la empresa se echó atrás y la venta no se realizó, en gran parte, por el revuelo mediático que se generó.
Julio de 2013: la EMVS vendió 1860 viviendas en régimen de alquiler por 128,5 millones de euros a Magic Real Estate Blackstone. La delegada de urbanismo, Paz González, aseguró que estos alquileres seguirían vigentes y que “lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor”. El periodo de protección de los contratos de alquiler expirará dentro de diez años, lo cual hace pensar que en ese momento perderán su voluntad social, viéndose afectados los y las inquilinas.
Este proceso de venta del patrimonio de la EMVS (parque inmobiliario público, ni más ni menos), ha sido tan confuso y se ha desarrollado con tanta desinformación que incluso un fondo de inversión estadounidense (Harbour Group) ha arremetido contra la privatización de las viviendas sociales de la EMVS acusando al Ayuntamiento de “incompetencia y malas artes” en la venta de estas 1.800 viviendas.
Por otra parte, y de forma simultánea, conviene saber que la plantilla de le EMVS está amenazada con un ERE que afecta al 90% de los y las trabajadoras.
Como resultado de esta situación, y aunque parezca paradójico, la mayoría de los desahucios en los que está trabajando actualmente la PAH Madrid son de vivienda social. Estos desahucios se caracterizan por dos elementos: 1) la deuda que tienen las familias con la EMVS se reduce a mensualidades y, 2) en varios casos, los y las afectadas han tratado de pagar esta deuda, pero la EMVS no lo ha aceptado, o incluso ha llevado a cabo el desahucio, a pesar de que el inquilino había pagado su deuda. Este tipo de desahucios tienen un propósito muy claro: vaciar las viviendas sociales de la EMVS para facilitar su venta a empresas privadas.
Tal ha sido el crecimiento de los desahucios de vivienda social que, desde la PAH, se ha creado otro colectivo llamado Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social que se encarga de dar un mayor seguimiento a este fenómeno.
Estos desahucios de vivienda social han llegado a ser tan injustos, que han tratado de desahuciar a mujeres víctimas de violencia de género, ancianos sin otra solución habitacional o simplemente jóvenes que necesitan esta intervención social para emanciparse. Sectores sociales desfavorecidos, a los que debería estar dirigida la actuación de la EMVS, pero en un sentido radicalmente distinto al actual.
Ya sabemos que la situación de la vivienda en este país es terrible, pero la vuelta de tuerca que se está produciendo con los desahucios sociales es, simplemente, inasumible. Una constante vulneración de los derechos humanos, con dinero público. No podemos permitirlo.
Adif cobrará por utilizar los aseos de la estación de Atocha en Madrid
La empresa pública Adif ha adjudicado a un empresa holandesa por 180.000 € la "explotación" de los servicios de Atocha por un período de 8 años.
lunes, 16 de septiembre de 2013
lunes, 2 de septiembre de 2013
¿Por qué está en quiebra el Ayuntamiento de Madrid?
El motivo de la quiebra del Ayuntamiento de Madrid tiene un primer nombre: Alberto Ruíz-Gallardón. Llevó a la corporación a un endeudamiento de 6.348 millones de euros, ocultó en empresas municipales 1.231 y dejó pendientes de pagar facturas por valor de 1.107. Total, soltó el bastón de mando dejándonos una deuda de 8.596 millones de euros.
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Miles de vecinos de Madrid están desbordados por las derramas para pagar obras en sus edificios
La mayoría de vecinos que deben hacer obras tras una ITE desfavorable tienen problemas para pagarlas: en 2013 deben pasarla más de 5.000 edificios.
Los administradores de fincas critican que los ayuntamientos son ahora más estrictos: "Por un desconchón en la fachada te obligan a arreglarla entera".
La morosidad y la crisis de los hogares dificulta el pago de los arreglos en azoteas, tuberías y fachadas, que pueden costar decenas de miles de euros.
Las comunidades de propietarios están agobiadas con el pago mensual de las cuotas de la escalera. Además, una de cada cuatro están enzarzadas en pleitos para cobrar a los vecinos morosos. Pero cuando creen que nada puede ir a peor, llega otra sorpresa aún más desagradable: la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Miles de vecinos de la región se están viendo desbordados por las dificultades para pagar las obras en sus edificios, después de recibir un dictamen desfavorable de los inspectores municipales. En estos casos, las derramas pueden costar decenas de miles de euros, unas cifras inasumibles en el actual contexto de crisis de las economías domésticas, según advierten administradores de fincas, arquitectos, profesionales de empresas de reformas y los propios vecinos afectados.
Los propietarios de los edificios que tienen una antigüedad superior a 30 años tienen la obligación de someterse a la ITE una vez cada diez años. En 2013, deben pasar este examen más de 5.400 edificios solo en la capital, según datos del área municipal de Urbanismo. Cada ayuntamiento se encarga (mediante sus técnicos municipales o contratando a empresas especializadas) de visitar las fincas que han alcanzado el plazo y las revisan a fondo para detectar fallos en la estructura, las fachadas, las cubiertas o azoteas, las redes de fontanería y los elementos de accesibilidad (ascensores o rampas para minusválidos). Si el estado del edificio no reúne las condiciones, los inspectores emiten un informe desfavorable y los propietarios tienen la obligación de realizar obras para subsanar las deficiencias.
Los expertos consideran que los ayuntamientos están aprovechando las inspecciones de edificios para exprimir a las comunidades de vecinos y aumentar la recaudación. "Los ayuntamientos, y principalmente el de Madrid, se están poniendo muy estrictos en el cumplimiento de las ITE. Miran con lupa cualquier defecto para hinchar el informe desfavorable, ya que cuanto mayor sea la obra, más se va a recaudar a través de las licencias de obra y las tasas", explica Enrique Fernández, asesor de Arquitectura del Colegio de Administradores de Fincas. Según su experiencia, "están teniendo muchos problemas para pagar las derramas en el centro de Madrid, ya que allí los edificios son muy antiguos, tienen más deficiencias y sus habitantes son personas mayores, a las que no les llega la pensión", asegura Fernández.
"Los inspectores se centran ahora en los detalles más que antes. Cosas que antes se pasaban por alto, ahora se están incluyendo en los informes e incluso llegan inspecciones desfavorables por cuestiones de estética, como un simple desconchón en la fachada"
"He tenido casos en los que te obligan a pintar o limpiar toda la fachada por una pequeña mancha, o a cambiar todos los balcones cuando solo hay uno con problemas. Antes solo se fijaban en la seguridad, pero ahora han incluido el criterio estético", critica Fernández. En efecto, la ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (en vigor desde diciembre de 2011) incluyó en su articulado la obligación de que los inmuebles guardaran la estética, un criterio que hasta el momento no se especificaba. Según el artículo 19 de dicha normativa, "las actas de inspección técnica deberán contener toda la información relativa a las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro". Además, el artículo 7 obliga a los propietarios a conservar sus fachadas para que "no afecte a la imagen urbana, por lo que se deberá mantener adecentada". El coste de estas reformas varía en función del tamaño de la finca y del volumen de desperfectos, "pero puede llegar fácilmente a ser de decenas de miles de euros", según Greciano. Incluso, si se detectan fallos estructurales (grietas, cimientos o defectos en las vigas) la factura se eleva "hasta los cientos de miles de euros". Por ello, teniendo en cuenta la crisis de los hogares, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos (Fravm) exigen al Ayuntamiento "que sea más flexible en la aplicación de la normativa y conceda más subvenciones para realizar las obras".
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